El ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy, justificó la reforma a la Ley Antiterrorista y la prisión preventiva, cuestionadas a propósito de los conflictos registrados en La Araucanía, indicando que existe una necesidad de corregir las modificaciones que se introdujeron en el Gobierno de Sebastián Piñera.
"En el año 2011 se hizo una modificación a la ley Antiterrorista y dicha modificación en el Gobierno de Piñera determinó que había que probar en un juicio la voluntad subjetiva de producir terror y, por lo tanto, elevó los estándares a un nivel que es casi imposible tener pruebas suficientes para ello", explicó Aleuy.
El subsecretario del Interior recalcó que "lo que vamos a hacer es establecer un mecanismo de estándares dentro del Código Penal, no en una ley especial, que permita que efectivamente cuando se produzcan este tipo de delitos los culpables puedan ser juzgados".
"Tener una ley que dice que hay que demostrar la subjetividad de producir terror es una cosa muy sui generis por decir lo menos", recalcó la autoridad.
Se espera que el proyecto sea enviado durante noviembre al Congreso.
Mientras que el diputado y jefe de bancada de la UDI, Felipe Ward, señaló que los cambios esbozados por el Ejecutivo no van en la dirección correcta.
"Todo lo que apunte a que la Ley Antiterrorista se pueda aplicar con mayor eficacia, con mayor rapidez y que apunte a que en la práctica sea un instrumento que pueda utilizar el Estado de forma de detener lo que está ocurriendo, especialmente en La Araucanía, me parece bien", reconoció.
Eso sí, Ward sostuvo que "no tengo seguridad de que los planteamientos del Gobierno apuntan en ese sentido".
"Si se comete algún error en un procedimiento policial respecto de las víctimas, me parece que el Estado sí debe actuar de forma subsidiaria, pero están planteando otra vez el problema en función de proteger eventualmente a quienes han cometido delito", aseveró el parlamentario.
En tanto, el diputado socialista Leonardo Soto, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara Baja, recordó que actualmente la Constitución establece la posibilidad -a través de la Corte Suprema- de solicitar algún tipo de indemnización o reparo a quienes han sido injustamente privados de libertad en un proceso que determinó su absolución.
