El Ministerio de Justicia propuso crear un Consejo Nacional de Nombramientos de magistrados entre los cambios al sistema que elige a los encargados de las cortes de Apelaciones y jueces en primera instancia.
Cabe destacar que si bien la reforma comenzó a ser trabajada en 2018, se convirtió en una prioridad tras la investigación de los tres jueces de Rancagua que han sido acusados de prevaricación y tráfico de influencias.
El Consejo, que vendría a reemplazar una facultad que actualmente recae en el Presidente de la República, se podría conformar de dos formas, según publicó La Tercera: la primera sugiere que sea un ente autónomo por orgánica constitucional y compuesto por cinco integrantes electos por el Presidente; el Senado; el Consejo de Alta Dirección Pública (ADP); una asociación gremial de jueces y las facultades de derecho.
En este caso, el Consejo llamaría al concurso y seleccionaría las primeras 10 calificaciones, y entonces el tribunal respectivo elabora una terna: la Corte Suprema con los ministros de segunda instancia, y la Corte de Apelaciones al tratarse de jueces letrados. Las ternas serán elegidas por "acuerdo fundado" y el Consejo selecciona al juez.
Por otro lado, la segunda idea plantea que el Consejo dependa del Ministerio de Justicia, por tanto, estaría a cargo del titular de la cartera, mientras que un representante de la ADP y otro de facultades de derecho que forman parte del Cruch lo integrarían.
El concurso estaría encabezado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y esta seleccionaría a los 10 candidatos de la terna final, mientras que el Consejo resolvería la nominación.
Prohibición de audiencias privadas
Ambas propuestas plantean una "prohibición expresa de recibir a los postulantes en audiencias privadas y de comunicación privada" durante los concursos, y quien no respete esta restricción será eliminado de la nómina, mientras que el ministro que acceda a reunirse será sancionado.
Con el punto anterior esperan evitar que casos como el de Dobra Lusic, designada a la Corte Suprema que contó con la intervención del notario suplente de San Miguel, John Campo, se repitan.
Asimismo, el Gobierno busca que el Poder Judicial también sea regulado por Ley de Lobby, por tanto, ministros y fiscales estarían obligados a publicar el detalle de sus reuniones y audiencias, los viajes que realicen y los regalos que reciban.
Por otro lado, la reforma no propone un cambio radical al modo de designación de los 21 ministros de la Corte Suprema, fuera de determinar audiencias públicas para los integrantes de la quina. Sin embargo, incluirá modificaciones al sistema de designación de los fiscales.
Según La Tercera, el Presidente Sebastián Piñera pidió al ministro de Justicia, Hernán Larraín, que una nueva mesa de expertos revise y modifique algunos aspectos de la reforma.
Ministros piden excluir a la Suprema y Apelaciones de designaciones
En tanto, en su respuesta al Gobierno, la Asociación de Magistrados sugirió que el Consejo esté integrado por 11 miembros, entre ellos, cinco jueces, y pidió que se derogue el sistema de elaboración de ternas, pues sería "la única manera de asegurar independencia interna para los jueces de grado".
Para los ministros es una mejor opción traspasar las labores de selección por completo al Consejo, pues actualmente "no existe ningún mecanismo capaz de asegurar la completa omisión de intentos por influir de manera indebida en la selección de los postulantes".
El presidente de la Asociación, Álvaro Flores, manifestó su decepción ante la propuesta, pues "hasta ahora no nos parece muy claro que se esté abordando en una eventual propuesta una posibilidad real de enfrentar el problema de fondo".
Flores insistió que para los magistrados es primordial "excluir de las designaciones en cualquiera de sus fases a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema".
"El Ministerio dio dos 'pre-propuestas', por decirlo así, y en ambas les mantiene un rol muy relevante en la conformación de las ternas, y para nosotros ese ha sido uno de los problemas de arrastre de esta situación", agregó.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja) coincidió con Flores en su respuesta a la idea del Gobierno, considerando que lo ocurrido en Rancagua demostró "los peligros de la dependencia de la judicatura del primer grado en favor de la magistratura superior en la conformación de las ternas".
"El problema empieza cuando el diablo mete la cola"
En tanto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) valora el sistema actual pese a las irregularidades que se han dado a conocer recientemente, "incluso el sistema de nombramiento de la Corte Suprema, súper cuestionado estas últimas semanas".
El parlamentario considera positivo que el nombramiento involucre a los tres poderes del Estado: "el Judicial, que propone la quina; después el Ejecutivo, que elige un miembro, y el Legislativo que tiene que ratificarlo en el Senado".
"¿Cuándo empieza el problema? Es cuando el diablo mete la cola. Cuando las personas, cuando los políticos empiezan a hacer transacciones, ahí empieza el problema. Una forma de combatirlos es crear estos consejos, donde tengan que sacar dos de tres votos, o tres de cinco votos. Creo que va en la línea correcta", sostuvo.
Considerando que la comisión de Constitución y Justicia presentó un proyecto que plantea ideas similares a la iniciativa del Ejecutivo, el presidente de la instancia, Matías Walker (DC), apuntó que están abiertos a discutir la nueva propuesta.
"Entiendo que el Gobierno que está explorando dos caminos para definir su propuesta, pero todas las ideas las vamos a discutir en la comisión de Constitución. Yo creo que es buena idea crear un consejo nacional de la magistratura, y vamos a definirlo, pero creo que llegó la hora de hacer cambios al sistema", apuntó.
"La fórmula del Gobierno no resuelve el problema de fondo"
Mientras que el redactor de la iniciativa, Marcelo Díaz (PS), reconoció que a él "la fórmula del Gobierno no me convence porque no resuelve el problema de fondo y es que para integrar las ternas hay que hacer cabildeo, para ser designado hay que hacer lobby y las propuestas del Gobierno crean un órgano, pero no resuelven el problema de fondo".
Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), sostuvo que "hay que elevar los estándares para los nombramientos de la Corte Suprema y eso depende de los tres poderes".
"Ahora, algunas cosas se pueden hacer por ley como, por ejemplo, este anuncio que aparece para los jueces y ministros de Corte, y otros podrán ser por modificación administrativa o viceversa. Nosotros, en general, estamos dispuestos en la medida que se mejoren los estándar, que se mejore la transparencia, que no exista cuoteo", sentenció.