La Justicia condenó este jueves a 15 años y 4 meses de cárcel a Ernesto Llaitul, hijo de Héctor Llaitul, por un ataque incendiario ocurrido en septiembre de 2021 en Los Ángeles, en la Región del Biobío.
Junto a Llaitul, fueron condenadas otras cuatro personas, todas ellas por homicidio frustrado, incendio consumado e incendio tentado.
Ernesto Llaitul fue detenido en septiembre de 2022, una semana después que su padre, el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) -agrupación que reivindica periódicamente ataques incendiarios contra latifundistas- fue arrestado en el marco de una investigación iniciada en 2020 por una denuncia presentada por el Gobierno anterior, encabezado por Sebastián Piñera (2018-2022).
La jueza Constanza Naranjo informó que "se condena a la pena única de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por su responsabilidad como autores de dos delitos de homicidio en grado de frustrado, cometidos el día 9 de septiembre de 2021 en el Fundo Punta Arenas, sector Paraguay, comuna de Los Ángeles"
"Que se condena a la pena de cuatro años y seis meses de presidio menor en su grado máximo por su responsabilidad como autores del delito de incendio en grado de consumado respecto del vehículo de tipo camión, que se condena a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo, por su responsabilidad como autores de delitos de incendio en grado de atentado", agregó.
El pasado miércoles, Ernesto Llaitul reivindicó a la CAM tras el cierre de los alegatos de clausura del juicio en su contra al afirmar que "es más que una organización terrorista".
Padre e hijo permanecen en prisión: el primero en preventiva y el segundo con condena. Para Llaitul padre, cuyo juicio está estos días en desarrollo en Temuco, la Fiscalía pide 25 años de cárcel por los delitos de incitación y apología a la violencia invocando a la Ley de Seguridad del Estado, hurto simple, atentado contra la autoridad y usurpación.
Pese a que prometió que no lo haría, el Presidente Gabriel Boric decretó en mayo de 2022 el estado de excepción en la zona, que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para el control del orden público y que rigió durante meses en el mandato de Piñera. La polémica medida sigue vigente hasta hoy y se prorroga cada 15 días en el Congreso.