Eduardo Molina estuvo 129 días en la cárcel donde vivió un verdadero calvario. El hombre, de 31 años, fue acusado de violar a una joven de 18 años en septiembre de 2016.
La agresión sexual ocurrió en la casa de la víctima, ubicada en Ñuñoa. Molina cuidaba autos en las cercanías de este domicilio y, debido a un rumor que le llegó a la policía, se convirtió en el principal sospechoso.
La víctima, además, lo reconoció en un set fotográfico. Por eso, la Fiscalía lo formalizó por el delito de violación, quedando en prisión preventiva en septiembre de 2017.
El imputado, que se realizó un examen de ADN en los primeros días, debió esperar el resultado en el Penal Santiago Uno donde fue agredido varias veces por otros internos, lo que originó que se le otorgaran medidas de seguridad.
El defensor público Nelson Salas indicó que "siempre se dice que uno goza de presunción de inocencia, que la Fiscalía tiene que probar quién es el culpable. En este caso fue todo lo contrario".
"Estar preso por una causa de violación es mucho peor porque dentro del centro penitenciario son imputados que son mirados con mucho recelo, son imputados que son agredidos incluso por gendarmes", resaltó Salas.
El Servicio Médico Legal entregó las pruebas el 5 de enero, descartando la participación de Molina en la violación. Tres días después se notificó a la Fiscalía y recién el 23 de enero el informe llegó a la Defensoría Pública que pidió una audiencia de emergencia.
El 20 de marzo se realizará la audiencia de sobreseimiento definitivo.
Fiscalía: Debemos encontrar al responsable
La fiscal de la sección de Delitos Sexuales de Ñuñoa, Mitzi Henríquez, explicó que "una persona fue descartada por una evidencia científica contundente y clara. Ese imputado no es, pero si claramente hubo una violación y tenemos que encontrar a ese imputado".
"En ese contexto van a seguir las diligencias investigativas y una de las pruebas más fuertes para efectos de lograr esclarecer este caso es precisamente la evidencia de ADN recogida de la víctima", manifestó.
"La prisión preventiva es una pena anticipada"
Según cifras de la Defensoría Penal Pública, en 2016 unas 2.800 personas fueron detenidas quedando absueltas o sin condenas y de ellas, 570 estuvieron más de seis meses en prisión.
Al respecto, el jefe de Unidad Jurídica Judicial del INDH, Rodrigo Bustos, expresó que "lo ocurrido con esta persona (Eduardo Molina) muestra lo complejo que es establecer de manera tan amplia la prisión preventiva".
"Hoy en día -agregó- un tercio de las personas privadas de libertad están con una prisión preventiva, no una condena".
"La verdad eso es muy complejo porque termina la prisión preventiva siendo una suerte de pena anticipada que vulnera el derecho a la presunción de inocencia", indicó Bustos.
La Constitución Política establece una indemnización por error judicial, aunque desde el INDH advierten que son muy pocos los casos en que la Justicia lo otorga.
