Buscan que siete de los 13 beneficios concedidos por el Mandatario sean anulados debido a supuestos vicios jurídicos.
Los dirigentes de Chile Vamos descartaron regresar a la mesa de seguridad: "Tendrá vigencia si el Gobierno pone los proyectos en discusión en el Congreso", señaló Javier Macaya.
Parlamentarios de Chile Vamos, en compañía de la senadora Ximena Rincón (Demócratas), presentaron este lunes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la mayoría de los polémicos indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric.
Según se reveló esta jornada, pretenden que se anulen siete de los 13 beneficios dados por el Mandatario, uno de ellos al exfrentista Jorge Mateluna, caso en el que acusan que hubo presunta desviación de poder.
Los otros principios que advierten se vulneraron con la entrega de estos beneficios son el de juridicidad -aludiendo a un decreto que no habría estado correctamente fundado- y el de vulneración de la igualdad.
"Tenemos que resguardar primero el de juridicidad. No puede ser que no se respeten ni la ley ni la Constitución. La ley es clara para señalar cuáles son las formas. No se fundó el decreto que lo concedió", explicó la senadora Rincón.
En esta línea, detalló que como segundo punto "hay una vulneración a la igualdad ante la ley, aquí se les da indulto a personas por sobre otras. Y tercero, hay una desviación de poder, aquí se revisaron sentencias y se puso en tela de juicio la supremacía del Poder Judicial".
En respuesta al requerimiento, el ministro de Justicia, Luis Cordero, alertó que "si uno ve las impugnaciones tanto en la Contraloría como el Tribunal Constitucional, yo llamaría a tener cuidado, porque ya no solo se están objetando estos indultos sino que la figura del indulto".
"Si son ciertas las teorías, las tesis legales que tienen estos requerimientos, entonces no solo existiría un problema en esto, sino que en los que se han ejecutado en el pasado", indicó el secretario de Estado, que ante esa posibilidad señaló que "supongo que la oposición se hará cargo de sus argumentos jurídicos".
Finalmente, Cordero aseguró "los actos de la administración pública formalmente dictados por sus autoridades y estando vigentes, es obligación de sus autoridades defenderlas. No son actos personales a los cuales cualquier persona pudiera llegar".
La entrega de indultos también provocó que la oposición abandonara su participación en la mesa de seguridad, algo que tras la presentación del requerimiento sigue en pie.
"La Mesa de Seguridad tiene plena vigencia si el Gobierno tiene la capacidad de poner los proyectos en discusión en el Congreso. Nosotros tenemos total disposición a tramitar todos los proyectos y ojalá al Gobierno le ponga toda la urgencia necesaria", explicó el senador Javier Macaya, presidente de la UDI.
En esta línea, el parlamentario acusó que esta mesa "un poco más cosmética para los propios adherentes del Gobierno", es propuesta por el oficialismo porque necesitan "ser convencidos de otorgar mayores facultades a las policías o mayores recursos a Carabineros".
"Nosotros ya estamos convencidos y tenemos toda la disposición. Felicitar la iniciativa que tuvo la ministra Carolina Tohá, pero ya en el momento de ponerla en discusión en el Congreso", puntualizó Macaya.
Esta postura fue cuestionada por el senador socialista Gastón Saavedra, quien afirmó que "la derecha se está equivocando, porque está perdiendo coherencia respecto su discurso, porque permanentemente fueron los adalides de atacar la delincuencia, de establecer medidas duras y drásticas en contra de aquellos que cometen actos delictivos, narcotraficantes o narcoterroristas".
"Hemos visto los epítetos que ellos han levantado, pero cuando tienen que estar en una mesa en donde se tiene que construir el acuerdo político para sustentar medidas que sean parte de una estrategia de seguridad, se retiran", precisó el parlamentario.
"Creo que eso habla mal de ellos, habla de su incoherencia política y habla de su desafección con la población que está demandando mayor seguridad en el país", profundizó.
