La estadística más baja en cuanto a cantidad de indultados presidenciales desde el retorno de la democracia se concretó durante el actual mandato del Presidente Sebastián Piñera: el número de beneficiados llegó a trece personas a pocas semanas de culminar el periodo.
De acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Gendarmería, desde el año 2010 a la fecha, la Presidencia recibió 1.021 solicitudes para conmutar o liberar a condenados, accediendo a doce por razones humanitarios y una última para dar cumplimiento a convenios internacionales.
El documento emanado bajo la Ley de Transparencia y difundido por La Tercera, describe una serie de datos que contrastan con los benefiados en anteriores mandatos como el de Michelle Bachelet con 67 indultados, Ricardo Lagos con 240, Eduardo Frei con 343 y Patricio Aylwin que llegó a 928 excarcelados.
La tendencia decreciente al menos en los últimos años se justifica según el ministro (s) de Justicia, Juan Ignacio Piña, quien indicó que "todos los indultos que se han conferido fueron por razones humanitarias de extrema urgencia", donde de hecho de los trece indultados por razones de salud, doce ya fallecieron.
Cuestionamientos al sistema
Aunque en la etapa reciente uno de los casos más conocidos y que también entró en la categoría de indulto, fue el de una pastora aymara que fue condenada a doce años de cárcel por abandonar a su hijo en el desierto, parlamentarios difieren de la potestad presidencial en materia penal.
El diputado PPD Felipe Harboe, indicó que "altera la autonomía del Poder Judicial e involucra a la autoridad política en una decisión eminentemente política".
El RN Cristián Monckeberg, comparte esta visión y asegura que "el indulto como institución debería desaparecer. Es un resabio monárquico y medieval que no tiene ningún sentido hoy cuando la justicia funciona bien", sostuvo el parlamentario al matutino.
De acuerdo a lo informado por Gendarmería y el Ministerio de Justicia, el número de indultados varones supera ampliamente al de mujeres, tanto en régimen de indulto presidencial como en indultos generales, los que deben acordarse con el Poder Legislativo.