Se trata de documentos contenidos en el computador de Felipe Baeza.
Fiscalía infiere que fue el acusado quien borró los archivos.
La Fiscalía tiene plazo para determinar si formaliza o no a Baeza hasta el 8 de abril.
De acuerdo al fiscal Jaime Retamal, más de 1.270.00 archivos fueron eliminados de los equipos computacionales del ex jefe de Proyectos de la Subsecretaría de Interior, Felipe Baeza, quien es uno de los imputados por el presunto pago de sobreprecios en la adquisición de equipos antidroga en el marco del Plan Frontera Norte.
Según publicó La Tercera, Retamal indicó que tras las pericias realizadas por Carabineros, quedó constancia de la eliminación de los documentos antes que se realizará la incautación por el caso, afirmando que "la pericia concluye que una cantidad relevante de archivos fue eliminado".
Para el representante del Ministerio Público "uno puede inferir que el usuario del equipo eliminó esos archivos", especialmente porque según detalló entre las evidencias descartadas se encontrarían mails y una "planilla de cálculo que detalla valores y precios de una serie de equipos".
"Revela cifras. Estas son casi exactas a los valores que se utilizaron en la licitación pública posteriormente. Este correo es de 9 de junio de 2011 y la licitación fue en 2012. Lo más interesante de este correo es que el autor, según las propiedades del archivo, es Alfredo Giacoman (dueño de la empresa Tecnodata, que se adjudicó la licitación)", sostuvo Retamal.
Los correos también apuntan a que el receptor de las proyecciones de costo fue el teniente coronel del OS-7 de Carabineros, René Martínez, quien a su vez reenvió la información a Baeza. Es decir, el ex funcionario habría recibido seis meses antes de la licitación la información con precios tentativos.
Plazo para formalización
Ante estos argumentos, la defensa de Felipe Baeza, el abogado Javier Cornejo, dijo no conocer "la responsabilidad penal que el señor Baeza podría tener en todo esto".
Por su parte desde el entorno de Alfredo Giacoman, se ha indicado que los correos enviados a la autoridad policial corresponden sólo a presupuestos formales que la subsecretaría pidió a los posibles proveedores.
Sobre el futuro del caso el tribunal determinó que el 8 de abril la fiscalía deberá decir si formaliza o no la investigación.
