El subprefecto David Castro, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la PDI, fue detenido y formalizado por un presunto delito de abuso sexual contra una funcionaria de la institución.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte y se originó a partir de una denuncia presentada por la detective, quien acusó haber sido víctima de tocaciones sin su consentimiento durante una reunión entre funcionarios.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el episodio se registró después de una actividad realizada en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias. Posteriormente, parte de los funcionarios se trasladó hasta el departamento de otro integrante de la PDI, lugar donde -de acuerdo a la denuncia- habría producido el abuso.
La Fiscalía sostuvo que compañeros de la denunciante captaron fotografías de parte de la situación. Estos registros fueron incorporados como antecedentes de la investigación, que también busca establecer si existieron episodios previos relacionados con la funcionaria.
Durante la audiencia, la fiscal adjunta Marcia Arancibia planteó que, pese al consumo de alcohol registrado durante la reunión, el imputado se encontraba consciente al momento de los hechos que se le atribuyen.
Arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y restricción para portar armas
El tribunal decretó 90 días para el desarrollo de las diligencias y estableció contra Castro las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse y comunicarse con la denunciante y restricción para portar armas de fuego.
Castro, además, presentó su renuncia a la PDI, y ésta quedó a la espera de la aceptación por parte de la jefatura de la institución.
El subprefecto había estado a cargo de investigaciones de alta connotación pública, entre ellas indagatorias por el presunto fraude en Junaeb, la estafa que afectó a la actriz Amparo Noguera y una causa relacionada con la emisión irregular de licencias médicas.
La causa continuará durante el plazo fijado por el tribunal, mientras el Ministerio Público reúne nuevos antecedentes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las eventuales responsabilidades penales.
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