La funcionaria asegura que no se tomaron las medidas de mitigación necesarias, como el traslado de los cómplices de Luis Barría.
Hasta el momento, los sujetos involucrados en el caso se encuentran trabajando "a metros" de distancia.
Una jueza presentó una demanda en contra del Poder Judicial, denunciando una red de protección al magistrado de Rancagua, Luis Barría, acusado de acoso sexual.
Según publicó La Tercera, en octubre de 2020 Barría fue acusado de acoso sexual por tres funcionarias, situación que llevó a una suspensión de sus labores.
De acuerdo a la investigación, Barría protagonizó "tocaciones, encerronas, piropos, miradas lascivas, comentarios inapropiados y hostigamientos, dada la calidad de superior jerárquico del acusado, lógicamente generaban una relación abusiva de poder que repercutían, primero en el ambiente laboral y segundo en el bienestar de las ofendidas".
Junto a esto, una funcionaria que prefirió no dar a conocer su nombre presentó una demanda laboral contra el Poder Judicial el 19 de agosto pasado, aludiendo a una "vulneración de derechos fundamentales" al no tomarse medidas de mitigación en relación con los trabajadores que protegieron a Barría durante estos hechos.
En la demanda la jueza señala que la Superintendencia de Seguridad Social ordenó al Poder Judicial tomar medidas para "eliminar los factores de riesgo" en los tribunales, evitando así que las denunciantes y testigos compartieran los mismos espacios con los cómiplices del juez.
La resolución de la Superintendencia apuntaba al traslado de funciones de los involucrados, pero hasta el momento continúan en sus puestos, "a metros de la víctima", quien se mantiene con teletrabajo hasta fines de septiembre, momento en que volverán a compartir el mismo espacio.
La Asociación de Magistradas Chilenas (Machi) advirtió la "inobservancia a la propia reglamentación y obligaciones que el Poder Judicial se ha autoimpuesto para prevenir y sancionar las conductas de acoso sexual dentro de sus espacios de trabajo".
