El Juzgado de Policía Local de Talca acogió a trámite una serie de denuncias presentadas por el Ministerio de Desarrollo Social por el posible mal uso de la Ficha de Protección Social.
La repartición adjuntó antecedentes correspondientes a 23 casos acusando además a varios funcionarios de diferentes municipios de la región, de haber falseado datos con el objeto de recibir beneficios de parte del Estado.
Jaime Valenzuela, seremi (s) de Desarrollo Social, explicó que es deber de la autoridad "velar para que este instrumento no sea ni siga siendo mal utilizado, sino que muy por el contrario se regule" esta herramienta que presta "servicios y beneficios a todos los ciudadanos".
"Marcamos un hito como Gobierno, dentro de las primeras 50 medidas anunciadas por la Presidenta, por lo tanto es importante volver a instalar y validar un instrumento como la Ficha de Protección Social", agregó.
La carpeta de antecedentes es respaldada por un informe de la Contraloría Regional y una auditoría sobre los 23 casos en cuestión, los cuales presentan datos muy distintos a la realidad en cuanto a niveles de estudio e ingresos económicos de los involucrados.
Aunque de comprobarse las irregularidades las sanciones no contemplan cárcel, las multas van desde una a 20 unidades tributarias mensuales.