Juzgado de Letras de Colina emitió orden a la PDI y citó a declarar a ejecutivos.
Audiencia de competencias se realizará el martes 15 de diciembre.
Algunas defensas sostienen que la colusión comenzó en el año 2000, por lo que las responsabilidades penales estarían prescritas.
El antiguo sistema de justicia comenzó a realizar diligencias para investigar la colusión entre las papeleras CMPC y SCA (ex PISA), luego que el Juzgado de Letras de Colina emitiera una orden a la PDI para que indague si existen responsabilidades penales.
El tribunal busca determinar cuándo se inició el acuerdo entre las firmas, que según la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se extendió entre los años 2000 y 2012, mientras que SCA reconoce que comenzó en 2006, lo que dejaría imposibilitado de investigar a la antigua justicia.
Esta situación se debe a que el Juzgado de Letras de Colina puede investigar los hechos penales que ocurrieron con anterioridad a junio de 2005, fecha en que comenzó la implementación de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana.
Según informa La Tercera, esta arista se inició luego de la presentación que realizó el abogado Carlos Cortés, quien representa al ex dueño de PISA, Gabriel Ruiz-Tagle, que solicitó al tribunal que se declare competente y la causa quede radicada en el sistema antiguo.
De esta forma, se reafirmaría la tesis de algunas de las defensas en el caso, quienes sostienen que la colusión comenzó en el año 2000, por lo que las presuntas responsabilidades penales estarían prescritas en la actualidad.
Además de las diligencias que realizó la PDI en los lugares de encuentro de los ejecutivos que acordaron el negociado, el Juzgado de Letras de Colina citó a declarar al ex gerente general de CMPC Tissue Jorge Morel y a parte de la plana ejecutiva de SCA que habría participado del acuerdo.
La audiencia de competencias se realizará el martes 15 de diciembre y si se determina que le corresponde a la justicia antigua, el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, quien actualmente investiga la causa, podría declararse incompetente, lo que es rechazado por la parte querellante.
