Tras dos años de investigaciones, la Justicia condenó a 15 años de presidio calificado y la prohibición de acercarse a niños a Sergio Castro Soto, el profesor de computación acusado de abuso sexual infantil a cinco menores del colegio Regina Pacis de Providencia.
El imputado fue condenado por dos delitos de violación, tres de abusos sexuales y un abuso hiperagravado; por lo que, además, se dictaminó su inscripción automática en el registro nacional de pedófilos.
Las familias de las víctimas se mostraron satisfechas con la condena debido a que, pese a que "va a ser poco, va a poder pagar los delitos que cometió, ya que los daños ocasionados a los pequeños son demasiado altos".
Familiares explicaron además que han debido someter a los niños a tratamientos con "sicólogos, siquiatras, neurólogos y un sinnúmero de cosas más que nos quedan 10 años para poder rehabilitar a nuestros hijos".
"Un triunfo"
La Fiscalía había solicitado 45 años de presidio efectivo para el docente, pero sólo logró 15 años, pese a lo cual, para el fiscal adjunto de Providencia y Ñuñoa, Félix Rojas, la sentencia significa "un triunfo", tanto para los persecutores como para las víctimas.
"Es una sentencia contundente que nos deja tranquilos", manifestó Rojas, quien además destacó que "los magistrados permitieron que los niños declararan en las mejores condiciones posibles, esto es con perros de acompañamiento y en una sala que está especialmente acondicionada para ellos en el Segundo Tribunal Oral".
El abogado explicó que "estas son medidas que atenúan la revictimización" y que "habiendo obtenido la sentencia condenatoria y también habiéndose protegido las víctimas, como Fiscalía nos sentimos satisfechos".
Ximena Salazar, asesora jurídica de la Municipalidad de Providencia y querellante por la madre de una de las víctimas, dijo que "estamos tranquilos porque se está haciendo justicia, fueron dos años largos de proceso y estamos tranquilos con que ahora definitivamente la persona va estar 15 años bajo prisión".
Sergio Castro Soto fue trasladado a la Penitenciaría de Santiago, a la espera de una petición de nulidad de sentencia por parte de los querellantes o una apelación de la defensa.