Cerca de 42 años tuvo que esperar un grupo de ex marinos para obtener algo de justicia, luego de que el ministro en visita Jaime Arancibia decidiera procesar a 16 oficiales en retiro de la Armada y a dos en retiro de la Fach por los delitos de asociación ilícita, secuestro, detención ilegal y tortura.
Los hechos ocurrieron entre los meses de julio y agosto de 1973 en contra de nueve marinos contrarios a los preparativos del golpe militar, concretado el 11 de septiembre de ese año y que fueron sometidos a apremios a bordo de los buques Blanco Encalada y Latorre.
El presidente de la Agrupación de Marinos Antigolpistas, Víctor López, quien además fue una de las víctimas de estos hechos, destacó los procesamientos, pese a la larga espera.
"Estamos muy contentos porque finalmente, después de 42 años, estamos viendo que se hace justicia en este país. Esta denuncia nosotros la hicimos en agosto de 1973, que al interior de la Armada se estaba torturando a los funcionarios que denunciaron el golpe de Estado y que posteriormente se opusieron al golpe de Estado", señaló.
Añadió también que "al menos una de las aristas de la Armada está dándose a luz y se están procesando a los criminales responsables de crímenes de lesa humanidad".
La abogada Magdalena Garcés comentó que ahora los procesados deberán quedar en prisión preventiva y acotó que "fue solicitada la dotación de uno de los cruceros donde varios de los querellantes fueron sacados y posteriormente torturados. La Armada nos mandó la dotación de sus oficiales, sin embargo negó tener la información sobre los oficiales que estaban en ese crucero en 1973".
"Por lo tanto, hasta la fecha, la Armada está ocultando información relativa a las graves violaciones de los derechos humanos en la cual tuvieron participación sus integrantes", subrayó.
La causa se reabrió por orden de la Corte Suprema, luego de que la ministra en visita Eliana Quezada decretara el sobreseimiento definitivo de la causa.
