La Corte Suprema rechazó las demandas presentadas en contra del fisco por la supuesta responsabilidad del Estado en la muerte y lesiones de dos personas, respectivamente, producto del tsunami del 27 de febrero de 2010.
En decisión dividida, los ministros ratificaron los dos fallos previos de la Corte de Apelaciones de Concepción que había desestimado la responsabilidad del Estado en la muerte de Luis Soto Repiso y en las lesiones que sufrió Rodrigo Salgado Fuentes.
Según el expediente, el 27 de febrero de 2010 ambos hombres se encontraban en Chiguayante y al tomar la ruta interportuaria fueron sorprendidos por una de las olas del tsunami, la que arrastró el móvil, causando la muerte a Soto Repiso y lesiones a Salgado Fuentes.
Rodrigo Pávez, abogado que buscaba la reivindicación de los recursos, descartó referirse al fallo desfavorable, indicando "nosotros como oficina estamos declinando comentar, no lo hacemos y recomendamos a nuestros clientes no comentar".
De acuerdo a los ministros, "los demandantes no lograron probar que la salida de las víctimas desde un lugar seguro, estuvo motivada por la información que habría emitido -a través de una radioemisora local- el intendente regional, descartando el riesgo de un tsunami en la zona".
La Tercera Sala del máximo tribunal, adoptó las resoluciones con el voto favorable de los ministros Rubén Ballesteros, Rosa Egnem y Andrea Muñoz; además del abogado integrante Alfredo Prieto y el voto en contra del ministro Carlos Aránguiz, quien consideró que existían pruebas suficientes para considerar que los demandantes emprendieron el viaje motivados por la alocución del intendente de la época, Jaime Tohá.
