La Corte de Apelaciones rechazó los recursos de ilegalidad contra la transacción entre el alcalde Joaquín Lavín y la empresa Aguas Andinas y que reportó 6.500 millones de pesos a la comuna.
La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago no acogió los recursos presentados por un grupo de abogados en contra de la venta de los derechos de gratuidad de agua potable que realizó, en 2002, el alcalde de Santiago, Joaquín Lavín. El tribunal consideró que el objeto de la transacción se puede considerar como un bien mueble, por lo que incluso no era necesaria la aprobación del concejo municipal.
El tribunal de alzada rechazó recursos de ilegalidad presentados contra la venta por algunas juntas de vecinos de la capital, el Colegio de Profesores y el abogado Octavio Aylwin, quienes cuestionaron la acción por el perjuicio que –argumentaron– implicó la negociación al patrimonio municipal y a los vecinos de Santiago.
Según el dictamen, los derechos de gratuidad, que permitían usufructuar a la comuna de agua potable sin costo, caen en la categoría de bien mueble, por lo que su venta a Aguas Andinas pudo ser incluso realizada sin que los concejales de Santiago aprobaran la medida.
Además, agrega que este derecho de gratuidad no depende de una resolución judicial, sino que está de acuerdo a la normativa que fija la respectiva la ley orgánica de municipalidades, y no como demandaban los recurrentes, quienes consideraron que Lavín debió llamar a un remate o a una licitación pública para concretar la venta.
Jorge Ovalle, abogado de las juntas de vecinos que presentaron el recurso, anticipó que recurrirá a la Corte Suprema para revertir este fallo.
"Vamos a interponer todos los recursos legales en la certeza que nos asiste la razón, tanto jurídica como humanamente. Pretendemos invalidar las decisiones ilegales de la Municipalidad de Santiago y que si hay un hecho de orden delictual, que sus autores sean castigados", comentó.
En tanto, el alcalde Joaquín Lavín expresó su alegría por la resolución, pues "siempre supe que lo que habíamos hecho estaba bien, creo que la Justicia lo ha confirmado por unanimidad, teníamos la razón, la operación estuvo bien hecha y creo que ha beneficiado socialmente a miles y miles de vecinos de Santiago".
El 3 de julio de 2002, el concejo municipal de Santiago aprobó en votación dividida la venta de los derechos de gratuidad del uso del agua potable de esa comuna a la empresa Aguas Andinas.
La venta se realizó en momentos en que el municipio presentaba un déficit de 1.500 millones de pesos lo que, sin embargo, fue minimizado por el alcalde Lavín, quien incluso realizó consultas a los vecinos para conocer en qué deseaban que se invirtieran los recursos del que llamó "Plan Aguas".
