La Corte de Apelaciones de Talca mantuvo la prisión preventiva de tres personas imputadas por el delito de tráfico de personas involucrados en la llegada bajo engaño de más de un centenar de ciudadanos bolivianos indocumentados para realizar trabajos forzados en Molina.
Paola Espinoza, su padre Oscar Espinoza e Irma Sáez cumplen prisión preventiva desde la semana pasada tras contratar a 104 bolivianos, quienes realizaban obras de instalación de torres de alta tensión, y que tras esta situación el Gobierno les otorgó visas humanitarias.
"La Fiscalía cree que los imputados son un peligro para la seguridad de la sociedad desde dos perspectivas, la primera por la existencia de un delito de naturaleza atentatoria directamente contra la dignidad del ser humano; segundo, el número de delitos; tercero, la gravedad de la penas asignadas a estos delitos y el haber actuado de manera concertada", dijo el fiscal Miguel Angel Orellana, quien valoró la decisión del tribunal.
En la indagatoria se comprobó que estos tres imputados engañaron a las autoridades al señalar que los bolivianos se mantenían como turistas en el país, pese a que se comprobó con los testimonios de los afectados y la falta de documentos personales de las condiciones en que estaban.
Por estos antecedentes el tribunal desestimó la petición de los imputados, manteniendo la medida cautelar durante los cuatro meses que se extenderá el plazo de investigación por este caso.