La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago este viernes, en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuyo fin es dejar sin efecto las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes (NNA).
La acción judicial solicita declarar ilegales y arbitrarios los actos administrativos, dejando sin efecto los decretos impugnados, al considerar que éstos amenazan y perturban los derechos a la libertad personal y seguridad individual de las víctimas.
En caso de que el tribunal de alzada falle a favor de la Defensoría, ésta pide que el Ministerio adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto. Asimismo, solicita que se informe a los respectivos Juzgados de Garantía para que determinen las medidas que correspondan para el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, incluidas eventuales órdenes de detención, si procede.
También pide que la Corte ordene a Justicia coordinar con Desarrollo Social y Familia la activación de medidas de protección para las víctimas, así como entregar los antecedentes requeridos por la Defensoría el 22 de octubre, cuya respuesta seguía pendiente al momento de presentar la acción judicial esta tarde, aunque el plazo venció el 29 de octubre.
Por último, solicitó mantener en reserva los antecedentes que permitan identificar a las víctimas, para evitar su revictimización, en el marco de su mandato legal y autónomo de protección de los derechos de NNA.
Los fundamentos de la Defensoría
El amparo cuestiona el cambio de criterio aplicado por la cartera para conceder estos beneficios, pese a que la ley establece exclusiones expresas para determinados delitos sexuales cometidos contra NNA, así como advierte que anteriormente, el propio Ministerio había sostenido una interpretación contraria al otorgamiento de estos beneficios en casos de similares características, criterio respaldado en distintas resoluciones de la Corte Suprema.
Uno de los principales fundamentos de la presentación es que las decisiones de Justicia no consideran ni ponderan el interés superior de las víctimas, ni evaluaron adecuadamente los riesgos para su seguridad, especialmente en aquellos casos en que las personas condenadas ya recuperaron su libertad -que, según el Gobierno, corresponde a los 56 beneficiados. Según el recurso, esta omisión afecta la integridad física y psicológica de las víctimas, así como su libertad para desarrollar sus vidas en condiciones de seguridad.
"No estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales", remarcó el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, justificando así su decisión de acudir a la Justicia.
La autoridad subrayó que "estas rebajas deben quedar sin efecto y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las víctimas. No basta con explicar por qué se concedieron estos beneficios; también hay que responder qué se está haciendo para resguardar a quienes sufrieron estos delitos".
Por lo demás, la Defensoría sostuvo que tales decisiones contravienen las obligaciones de protección de las víctimas establecidas en la Ley de Garantías de la Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
