El Ministerio Público y el Poder Judicial atribuyeron a la falta de recursos y dotación funcionaria los resultados del estudio que dejó al descubierto la pésima valoración de la Justicia por parte de los sectores más vulnerables de Santiago.
El análisis realizado
por la Universidad Católica Silva Henríquez indicó que el 76,8 por ciento de los encuestados calificó como "muy mala" la calidad de la Justicia a la cual acceden.
En vista de ello, Natalia Césped, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público, señaló que "la Justicia y muchas instituciones que trabajan en torno a la Justicia tienen graves problemas de dotación y de recursos, entonces puede ser que por esa razón que la gente este percibiendo en forma directa la falta de recursos y dotación".
Una visión compartida por Raúl Araya, presidente de la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, quien agregó que "está claro que el crecimiento de estos servicios no va en la misma proporción que la demanda, también al Poder Judicial le sucede lo mismo en especial en los sectores de lo que es la Justicia de provincia".
En cuanto al 85,4 por ciento que considera que el Estado debe intervenir para que los sectores más pobres tengan un mejor acceso a la Justicia, Hernando Silva, coordinador jurídico del Observatorio Ciudadano, apuntó que "una persona que se encuentra en una situación de mayor desprotección desde la perspectiva económica no le permite acceder a un profesional que se encargue exclusivamente de su caso, sino que accede a un profesional que pertenece a un órgano estatal que está saturadísimo de trabajo".
La encuesta fue realizada en forma aleatoria a 366 personas de comunas como Cerrillos, Conchalí, Estación Central, Independencia, Lo Espejo, Lo Prado, Pedro Aguirre Cerda y Peñalolén.
El estudio consideró a una persona en condición de pobreza si su ingreso líquido mensual per cápita es de hasta 100 mil pesos en el caso de familias de dos o más integrantes, y de hasta 150 mil pesos si es una familia unipersonal.