El fiscal nacional hizo llegar a los persecutores la nueva política de comunicaciones del Ministerio Público.
El documento indica que las filtraciones serán consideradas como "actos de corrupción".
El fiscal nacional envió el instructivo este jueves a todos los fiscales y funcionarios del Ministerio Público.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, envió este jueves a todos los persecutores y funcionarios del Ministerio Público la nueva política de comunicaciones del Ministerio Público para el período 2018-2022 la cual ya ha generado diversas críticas.
En lo sustancial, esta nueva política limita las comunicaciones públicas de los persecutores sobre casos de contingencia nacional que puedan llegar a ser investigados penalmente.
Al respecto, el instructivo señala que "fiscales y funcionarios del Ministerio Público deben abstenerse de emitir opiniones relacionadas con investigaciones penales actuales o con ámbitos que anticipen posiciones o juicios en casos que podrían ser objeto de tratamiento institucional a futuro, a fin de evitar la afectación al principio de objetividad".
"Con tal propósito, y resguardando el derecho a la libertad de expresión, tal específica abstención se extiende a todo tipo de canales de comunicación, sean oficiales o no", añade el documento.
Este punto hace "ruido" en el organismo y levantó críticas de parte de los persecutores, ya que a juicio de la presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert, este punto sobre los canales no oficiales puede referirse a las comunicaciones por medio de las redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram.
"Puede entenderse que se está refiriendo efectivamente a las cuentas privadas de los fiscales (redes sociales) y, por lo tanto, es algo que vamos a conversar con el fiscal nacional, porque entendemos que por vía reglamentaria o vía oficio no puede abordar o expandir su autoridad a la vía privada de los actores del Ministerio Público", dijo Steinert a La Tercera.
"Hay partes complicadas y que atentan contra la libertad de expresión, lucha que el gremio ha dado en forma histórica (...). Yo creo que esta es una especie de 'ley mordaza', nos preocupa este oficio", recalcó la dirigenta gremial.
"Actos de corrupción"
El documento también detalló que no se puede entregar "información sensible" a terceros "sin autorización del Fiscal Nacional o del Fiscal Regional, según corresponda" y se especifica cuáles son los canales a través de los cuales los fiscales pueden hablar con los medios de comunicación.
Otro de los puntos que levanta controversia es que las filtraciones se podrán considerar como "actos de corrupción".
"La filtración o divulgación indebida de información sujeta a reserva es una infracción grave de los deberes funcionarios, lo que para el Ministerio Público constituye un acto de corrupción, sujeto a sanciones administrativas y a las responsabilidades civiles y penales que correspondan", señala el texto emitido por el fiscal nacional.
En tanto, desde la Fiscalía Nacional respondieron que "la política de comunicaciones en ningún caso puede considerarse una 'ley mordaza', pues se ajusta estrictamente a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional del MP".
En cuanto a la calificación de "corrupción" respecto a las filtraciones, la Fiscalía sostienen que "fue incluida a solicitud del Consejo General de Fiscales".
