De los ocho formalizados por entregar una carta con amenazas de muerte a la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, solo Pablo Martínez Castro, el propietario de la subametralladora Uzi incautada, quedó en prisión preventiva.
Martínez fue imputado por la Fiscalía no solo por los amedrentamientos a la persecutora, sino también por el delito de tenencia de armamento prohibido de uso bélico y tenencia de municiones: la subametralladora estaba escondida debajo de su cama, en su departamento, allanado la madrugada del jueves.
El resto de los acusados -Gabriel Jara Vivanco; Daniel Goldberger Garcés; Solange Aravena Méndez; Paula Narváez Orrego; Osvaldo Díaz Valdés; Benjamín Zaragoza Wotherspoon y Fernando Hasler Martínez-, todos vinculados al grupo de extrema derecha "La Vanguardia", quedaron con las cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la persecutora.
"Desproporcionada" la prisión preventiva
"Sin lugar a dudas el tribunal comparte lo manifestado por el Ministerio Público en orden a estimar que éste es un hecho que reviste la mayor de las gravedades: es una amenaza a una fiscal del Ministerio Público y que se hace en razón del desempeño de sus funciones, que, por la ley, son impuestas", señaló la magistrada Tatiana Escobar, de Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, al comunicar su decisión.
Sin embargo, "haciendo el tribunal una prognosis de pena a sufrir por los imputados en el caso de una sentencia condenatoria, son todos imputados con irreprochable conducta anterior. Por lo tanto, si esta jueza se pone en un escenario de condena -a propósito de la prognosis de pena- se avizora en todos los casos la concesión de penas sustitutivas"; es decir, alternativas al encarcelamiento, explicó.
En tal sentido, "aparece en esta etapa procesal, y con estos antecedentes, desproporcionada la medida cautelar de prisión preventiva", indicó Escobar.
Según el Ministerio Público, el grupo se coordinó para hacer entrega de la misiva con amenazas el 6 de octubre en el domicilio de Chong, dos días después de la formalización del ex carabinero Sebastián Zamora, en el marco del caso Pío Nono, en el que la fiscal imputó homicidio frustrado y consiguió que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva al uniformado.
El fiscal Francisco Jacir -a cargo de la investigación y la formalización- valoró que la magistrada coincidiera con el carácter "grave" de los delitos imputados, pero no quedó satisfecho con las medidas cautelares impuestas para siete de los ocho acusados. En este sentido, señaló que evaluará apelar para lograr la prisión preventiva, que solicitó para todo el grupo.
"Nos deja en una parte importante satisfechos, toda vez que, pese a los intensos cuestionamientos de la defensa, fue acogida la postura del Ministerio Público, quedando por establecido el delito por el cual se formalizó la investigación, acreditando también el concepto previo y la reunión previa. No compartimos finalmente la medida cautelar y vamos a estudiar un recurso", dijo el persecutor.
