La defensa del suspendido juez Emilio Elgueta fustigó que el fiscal de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya, mantuviera en su casa un conjunto de evidencias de la causa por presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de esa ciudad -en la que el magistrado está imputado-, como reveló el allanamiento al domicilio del persecutor.
En la diligencia del miércoles en la casa de Moya, la PDI incautó 12 celulares, un set de evidencias y los dos discos duros de los computadores de los jueces Elgueta y Marcelo Vásquez, los que el fiscal aseguró que mantenía debido a que ese mismo día planeaba llevarlas a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, donde tenía previsto, al menos hasta el día del allanamiento, que funcionara su nueva oficina.
La abogada de Elgueta, Blanca Rebolledo, cuestionó que "los fiscales no están para andar trasladando evidencias, menos evidencias de un caso tan relevante como éste. El Ministerio Público tiene recursos más que suficientes para que eso se haga de la manera adecuada".
"A esta altura todo es una nebulosa, se incautan evidencias en un lugar y el procedimiento de la ley te indica que esas evidencias tú tienes que inmediatamente entregarlas y guardarlas bajo cadena de custodia", aseguró.
"Es complejo, es súper complejo, además que tampoco está claro qué es lo que tenía, porque él es muy ambiguo en su constancia, dice 'y otras pruebas', ¿que más tenía en su casa?", planteó la abogada.
Críticas a fiscal de la Operación Huracán
En tanto, también apuntó al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien lleva la investigación de la Operación Huracán y quien solicitó el allanamiento a Moya luego de que éste fuera denunciado por Emiliano Arias, por una presunta participación en ese caso.
"Si el fiscal Palma dice que efectivamente tiene las evidencias, bueno, entonces entrégueselas a quien corresponda para que la defensa pueda tener acceso a aquellas y saber si están con cadena de custodia", emplazó Rebolledo.
Cabe recordar que el fiscal nacional, Jorge Abbott, reasignó esta semana varias causas que llevaba la Fiscalía Regional de O'Higgins, entre ellas la de presunta corrupción en el tribunal de alzada rancagüino, que ahora está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Sur.
La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Sur, Paulina Ruiz, también crítico los hechos y declaró lo siguiente: " Consideramos que no es aceptable en un estado de derecho que una institución, aún cuando sea el órgano persecutor, no mantenga un elemento, una entidad de contrapeso, que fiscalice, que regule, que controle".
"Consideramos que el mero hecho de que esa entidad no existiera inhibía una serie de mala prácticas que hemos detectado en los dirigentes en estos años", añadió.
