En el marco del debate por el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad presentado por el Ejecutivo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, planteó este viernes, en entrevista con El Diario de Cooperativa, que la persecución del crimen organizado debe realizarse dentro del marco institucional, señalando que la falta de eficacia democrática puede abrir la puerta a medidas extremas.
"El Estado chileno tiene el deber de ser eficaz en la persecución de la delincuencia organizada, pero ese deber no se cumple a cualquier costo, a cualquier precio; se cumple dentro del marco de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos", afirmó el jefe del Ministerio Público.
En esa línea, advirtió: "Si el Estado democrático, los países democráticos —y esto es una cosa que no solo cae sobre Chile, sino que recae sobre todos los países democráticos— no son capaces de enfrentar con las reglas de la democracia de manera eficaz a la delincuencia organizada, de garantizar a toda la ciudadanía su derecho a la seguridad, a caminar en paz, a tener un espacio de un orden público donde la policía vela por el respeto de sus derechos, etcétera, que es la base de cualquier otro derecho, —y en eso coincido plenamente con lo que dice el Presidente de la República—, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y la tentación de recurrir a medidas autoritarias, a un régimen autoritario, para poder asegurar ese derecho básico está en la puerta. No soy brujo cuando lo digo".
El paquete legislativo del Gobierno aborda ejes contenciosos como la creación de un nuevo estado de excepción constitucional, la facultad para intervenir barrios críticos, la reestructuración del régimen penitenciario para líderes criminales y la persecución de organizaciones terroristas.
Respecto a los traslados y segregación de reclusos de alta peligrosidad en las cárceles, Valencia apoyó contar con reglas claras: "Una norma expresa que estableciera la posibilidad de regímenes penitenciarios diferenciados contribuiría a evitarnos muchas discusiones innecesarias en tribunales".
Sin embargo, el titular de la Fiscalía Nacional expresó sus reparos frente a la propuesta que permitiría al Ejecutivo disponer interceptaciones telefónicas sin autorización judicial previa.
"No he conseguido entender cuál es el propósito de esas interceptaciones, porque aparentemente no se están modificando las atribuciones del Ministerio Público en la dirección de investigaciones penales (...). Si no se modifican, entiendo que no estarían dirigidas a obtener información útil para una causa penal. No entiendo con qué propósito, quién la solicitaría y por qué se estaría evitando el control judicial si hoy no tenemos dificultades en ese control", sostuvo.
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