El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, se mostró "sorprendido" y en desacuerdo con la decisión del fiscal nacional, Jorge Abbott, de imponerle una multa del 5 por ciento de su remuneración por un mes a raíz de "diversas infracciones a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y al reglamento interno institucional" en el marco de sus actuaciones en el caso incendios, donde figuran como imputados tres ejecutivos de la empresa CGE.
"La pena de multa es una pena bastante alta en lo que dice relación con la escala de sanciones de naturaleza administrativa. Obviamente que no estoy de acuerdo con la disposición de la sanción", dijo Arias en un punto de prensa.
"Me sorprende, la verdad es que mi posición es no he cometido ninguna infracción", agregó Arias, quien en agosto del año pasado había sido removido, por Jorge Abbott, del caso Corpesca.
"No creo que haya nada personalizado"
"No creo que haya nada personalizado (...) no creo que haya nada particular", dijo al ser consultado por su relación con el fiscal nacional, aunque destacó que éste "aumentó la sanción propuesta por el fiscal regional de La Araucanía", Cristián Paredes, quien condujo el sumario administrativo en su contra y sugirió sólo una "censura por escrito".
En su resolución Abbott también sacó a Arias de la investigación sobre la grabación de un diálogo que sostuvo con las víctimas del incendio de Pumanque el 1 de febrero, derivando esta arista al fiscal regional del Maule, Mauricio Richards.
"La imposición de la sanción y la reasignación de la causa son facultades que nacen del fiscal nacional y en su ejercicio yo no puedo evaluarlas. Mauricio Richards es un muy buen fiscal, con muchos años de experiencia, y llevará muy bien esa causa", dijo a este respecto.
Jorge Abbott planteó una serie de reparos a la labor de Arias, destacando su tendencia a ofrecer entrevistas a medios de comunicación. (Foto: ATON)
"Bastante motivado" en la causa
Consultado por si estos problemas afectan su motivación para continuar trabajando en el Ministerio Público, el abogado -ex investigador de los casos Penta y SQM- respondió: "La verdad es que yo lo que quiero es trabajar tranquilo. Lo que busco es trabajar tranquilo con la gente".
"En la región me ha ido bastante bien, en el tema de los incendios el equipo ha trabajado mucho: imagínense, estamos negociando la empresa la indemnización de las víctimas, una cuestión que no se había visto nunca antes en un proceso de esta naturaleza, lo que me tiene muy conforme y bastante motivado", sostuvo.
Arias sí señaló como un problema que la normativa actual no les permita a los fiscales apelar frente a sanciones de este tipo: "Ése es un inconveniente que tiene nuestro sistema sancionatorio administrativo. No tenemos a quién recurrir, no hay un órgano imparcial, un tercero u otra instancia que pueda revisar esta decisión. Ése es un defecto del sistema, que podría ser incluso de naturaleza anticonstitucional".
Más allá de esto, el fiscal regional dijo confiar en que la decisión no afectará "en nada" a la causa, porque la sanción "no dice relación con la investigación ni con la forma en que se ha llevado".
"Los tribunales dieron por acreditados los delitos imputados, tanto en (el Juzgado de) Garantía como en la Corte (de Apelaciones), y no hubo ninguna objeción a cómo ha sido llevada ésta", concluyó.
En tanto, la abogada del fiscal Arias, Marisa Navarrete, remarcó que presentarán acciones que "tienen que ver con el resguardo de las garantías constitucionales, porque aquí hay dos garantías fundamentales que se han menoscabado, que son, primero, el debido proceso, porque no ha tenido un proceso racional ni justo, principalmente porque no tiene la doble instancia y, segundo, se ha violentado también la garantía constitucional que es la libertad de expresión".
Asociación gremial reitera apoyo
La Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público ya se había expresado en apoyo a Emiliano Arias cuando, el pasado 7 de junio, se supo que se le formularían cargos.
Hoy hizo lo propio, cuadrándose con su "postura jurídica" y advirtiendo que este tipo de medidas disciplinarias pueden afectar la independencia de fiscales y el derecho a información.
