En una clara alusión a la Operación Huracán, descartó que existan pretextos para avalar acciones ilegales.
Defendió las salidas alternativas en casos de financiamiento irregular de la política.
El fiscal nacional Jorge Abbott realizó este martes su cuarta cuenta pública, la que estuvo marcada por la Operación Huracán, oportunidad en la que llamó a respetar "la legalidad vigente".
Abbott aseveró que "bajo ninguna excusa es aceptable que en un estado democrático de derecho se pretenda ejercer la persecución penal a cualquier precio".
"La búsqueda de justicia y de reparación exige que se respeten los derechos fundamentales de los ajusticiable y la legalidad vigente, con procedimientos ajustados a derecho, sin que exista pretexto alguno para recurrir o amparar actuaciones ilegales", aseveró.
Además, realizó un llamado a los fiscales a valorar la prueba indiciaria en los casos de violencia rural, tan solo una jornada antes del inicio de los alegatos de clausura del juicio por el caso Luchsinger Mackay.
"A lo que hemos llamado es a sentarnos con el Poder Judicial, con tal de poder buscar la fórmula de evaluar esa prueba de indicio que pueda llevar a la convicción de los tribunales para obtener la condena, o sino pensamos que pueden haber lagunas importantes de impunidad en el futuro", recalco´.
Estas palabras fueron respondidas por el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien aseveró que "es una opinión acerca de la valoración, que tendrá que ser tenida en cuenta como cualquier otra opinión de carácter jurídico. No es más que eso".
"Los fiscales tienen el deber de recolectar la prueba, aportarla al juicio y los jueces tienen la obligación de valorar de acuerdo con los criterios legales", precisó.
Brito añadió que "esos son temas de siempre disonantes entre la judicatura y los que litigan que el Ministerio Público está criticando. Por eso lo veo como un señalamiento de un hecho que, a juicio del Ministerio Público, tiene importancia, pero no tiene más trascendencia que eso. Es una cuestión de orden jurídico, una discusión particularmente profunda y técnica".
Fiscal Nacional, Jorge Abbott, inicia la Cuenta Pública 2018 del Ministerio Público, con la presencia del Presidente Sebastián Piñera, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, ministros de Estado, autoridades del legislativo, fiscales y funcionarios. pic.twitter.com/hFGEhybDiJ
— Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) 24 de abril de 2018
Investigación sobre manipulación de evidencias en Carabineros
Mientras que respecto a la manipulación de evidencias por parte de la Inteligencia de Carabineros, el fiscal nacional dio por superada la crisis y dijo que se investigarán los delitos vengan de donde vengan.
Respecto a esta indagatoria, el fiscal de Aysén, Carlos Palma, aseguró que el ex jefe de Inteligencia, el general (r) Gonzalo Blu, era el cabecilla de la asociación ilícita.
"Parto de la base que existe un grupo de personas determinadas que se concertaron para cometer ciertos tipos de ilícitos, que son delitos de falsificación de instrumentos públicos y de obstrucción a la investigación. Nosotros partimos de la base que existe liderazgo del ex general Blu a cargo de esta asociación", afirmó el persecutor.
Abbott defendió salidas alternativas
Abbott también se refirió a los casos de financiamiento ilegal de la política, defendiendo las salidas alternativas por sobre los juicios orales y realizando un llamado a incorporar la delación compensada en este tipo de procesos.
Incluso, el fiscal nacional dijo que los persecutores deben ser diligentes al investigar a políticos, para no alterar los quórum en el Congreso y resguardar la voluntad popular.
Esto último fue criticado por la presidenta de la Asociación de Fiscales, Trinidad Steinert: "En eso discrepamos y nos alejamos del fiscal nacional".
"Nosotros entendemos que la responsabilidad está en la causa misma y en la igualdad ante la ley, que en Chile no hay personas ni grupos privilegiados, y ahí discrepamos", aseveró.
Además, el fiscal nacional planteó la necesidad de implementar en Chile el sistema de la delación compensada en los casos de corrupción, tal como ocurrió en Brasil con el caso "Lava Jato".
