Fiscal nacional pide "estatuto legal integral" para proteger a testigos en causas de violencia rural

El fiscal nacional, Jorge Abbott, realizó este martes su cuenta pública en la que puso énfasis en el aumento de la violencia en la macrozona sur por lo que pidió un "estatuto legal integral" que permita proteger tanto a víctimas como a testigos de estas causas.

En su discurso, Abbott manifestó que "en la macrozona sur, la violencia ha recrudecido con el transcurso de los años. Tanto el territorio en el que se cometen los delitos, como el número de ilícitos involucrados, se ha ampliado. Los hechos son cada vez más graves y ya no afectan solo a bienes materiales, sino también a la vida de las personas".

"El uso de armas de fuego es cada vez más frecuente y en algunas zonas se justifica la reivindicación de territorios y el control de estos para cometer los delitos de tráfico de drogas y robo de madera", sostuvo.

A su juicio, "la persecución penal en modo alguno constituye la solución de un conflicto que se arrastra por décadas y que tiene connotaciones políticas, sociales, culturales y económicas. Nuestro rol no puede ser otro que enfrentar las tareas de investigación y persecución penal con absoluto apego a la Constitución y a la ley, con irrestricto respeto a los derechos humanos".

Para Abbott, "es evidente que estamos enfrentando un recrudecimiento de la violencia rural y ante ese contexto el Ministerio Público tiene la obligación de buscar las vías más efectivas para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia".

En ese sentido, continuó el jefe del Ministerio Público, "investigar ilícitos de violencia rural involucra dificultades que no se dan en la indagatoria de otros ilícitos. Estos hechos se cometen en zonas rurales de difícil acceso, que dificultan la llegada de la policía, regularmente de noche, y donde los perpetradores tienen un conocimiento del territorio que les facilita tender emboscadas. El uso de armas de fuego es, además, frecuente y también lo es el temor de las comunidades a entregar sus testimonios".

"Tampoco hay medios audiovisuales, como en las zonas urbanas, que registren los hechos, y muchas veces las policías no están suficientemente preparadas para el trabajo investigativo en zonas rurales", acotó.

Por ello, Jorge Abbott remarcó que "los hechos de violencia rural están acentuando la urgencia de contar con un estatuto legal integral de protección a víctimas y testigos".

El fiscal nacional sostuvo que "en investigaciones complejas de este tipo es difícil encontrar testigos dispuestos a declarar, pero aún lo es más poder ofrecerles medidas de protección integrales que, en cambio sí existen, por ejemplo, para los testigos amparados por la Ley de Drogas".

"En el ámbito de la violencia rural -añadió-, las medidas que adopta la Fiscalía están sujetas a restricciones temporales y materiales; las que otorgan las policías significan la destinación de un importante número de efectivos y las que pueden otorgar los tribunales muchas veces son controvertidas por las defensas, lo que expone a las víctimas y testigos a inaceptables represalias".

"Ante este escenario, creo que es imperioso que, como país, desarrollemos un debate serio, con información objetiva y experiencia comparada, que nos lleve a elaborar un estatuto integral de protección a víctimas y testigos, que resuelva las falencias que estamos arrastramos", pidió Abbott en su discurso.

"Mea culpa" en delitos económicos

El persecutor también manifestó que "en muchas de estas ocasiones no hemos podido alcanzar lo que consideramos plena justicia, debido a que hay áreas como las de los delitos económicos en la que la fiscalía depende de la decisión de órganos administrativos para que se inicien las acciones legales que nos permitan investigar".

"La justa y entendible crítica ciudadana respecto de la sensación de impunidad en torno a estos casos la hemos respondido con propuestas para mejorar la normativa vigente, que aumente las penas con respecto a delito relativos a la corrupción", agregó Abbott.

Esta postura fue cuestionada por el ex fiscal Carlos Gajardo, quien sostuvo que "habría sido una buena oportunidad para haber realizado un mea culpa por la manera en que el Ministerio Público terminó, bajo su dirección, las causas de financiamiento político que tanto daño le hicieron a nuestro país".

"Es el peor momento en materia de seguridad ciudadana, según ha señalado el subsecretario del Precvención del Delito, Eduardo Vergara, y en eso el fiscal Abbott también ha tenido su cuota de responsabilidad, al no haber tenido la capacidad de liderar a los fiscales del Ministerio Público para hacer un combate mucho más efectivo y eficiente en contra de la delincuencia común", recordó.

Por su parte, Juan Francisco Cruz, del Observatorio Judicial, aseveró que "por un lado, caen los delitos que cuentan con sentencia condenatoria, mientras que correlativamente ha aumentado los archivos provisionales, es decir, que el Ministerio Público archiva las causas o las finaliza porque no tiene antecedentes probatorios".

"Entonces en la medida en que los agentes involucrados en la industria del narcotráfico perciban que el Ministerio Público es cada vez más incapaz de investigar y lograr llevar esos antecedentes a juicio para una condena, percibirlo justamente como un incentivo a poder ampliar su esfera delictiva", precisó.