En medio de la crisis por la denuncia contra Emiliano Arias, el gremio fustigó la idea de extender el ámbito de la acusación constitucional hacia el organismo.
Por su parte, el diputado Juan Luis Castro (PS) planteó la necesidad de "modernizar" el sistema de nombramientos en la Fiscalía.
En medio de la crisis que vive el Ministerio Público, a raíz de la denuncia del fiscal Sergio Moya contra su superior Emiliano Arias, la Asociación de Fiscales fustigó cualquier iniciativa que busque aprovecharse de la situación para "subordinar" la institución al poder político.
El sábado Moya dio a conocer que acusó ante el fiscal nacional, Jorge Abbott, a Arias por presuntos intentos de proteger a los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera en el caso Caval, al alcalde de Rancagua en una causa por malversación y a los ministros de la Corte de Apelaciones investigados y hoy suspendidos por irregularidades.
Tras eso, tanto Arias como Moya han concedido una serie de entrevistas ante los medios, donde han seguido ahondando en las acusaciones y cuestionándose mutuamente.
En este marco, mediante un breve comunicado, la Asociación reiteró su confianza "en que existirá una investigación acuciosa, que esclarecerá absolutamente los hechos y posibilitará que -de conformidad a la Ley- se sancione a eventuales responsables".
Asimismo, sostuvo, aludiendo a algunas de las acusaciones en este caso, que "los hechos conocidos demuestran la importancia de mantener al Ministerio Público libre de influencias de terceros. Por lo mismo, nuestras autoridades deben ser extraordinariamente cautelosas y ponderar adecuadamente la conveniencia de mantener reuniones con personas que puedan tener interés en el resultado de investigaciones".
"Además, hacemos un llamado a los distintos actores de la sociedad a respetar la autonomía del Ministerio Público, absteniéndose de tratar de influir en sus procesos internos y no ejerciendo acciones destinadas a producir efectos en causas en las que no son intervinientes", instó también.
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Conocida esta crisis en el organismo persecutor, en el Senado ya se habla sobre impulsar un proyecto de ley que permita acusar constitucionalmente al fiscal nacional y a los fiscales regionales.
El gremio respondió a la idea y manifestó que "rechazamos abiertamente aquellas iniciativas que proponen extender el ámbito de la acusación constitucional al Ministerio Público", porque, aseguró, "el principal efecto práctico de esta medida sería subordinar la Fiscalía al poder político".
Como Fiscales aspiramos a la trasparencia total en denuncia contra Fiscal Arias. Además esperamos no se utilice espisodio para atentar contra la autonomia del Ministerio Público.
— Asociación Fiscales (@fiscalesdechile) 21 de abril de 2019
Las ganas de subordinarnos al poder político son evidentes pic.twitter.com/mP9x1qr1wY
Debate por cambios al modelo de nombramientos
Por su parte, el diputado socialista Juan Luis Castro planteó que es necesario un cambio más profundo que promover acusaciones constitucionales contra los persecutores, apuntando al modo de designación de cargos en la institución.
"Yo creo que cualquier legislación que cambie el sistema de nombramiento de los fiscales no tiene que hacerse sobre la marcha y sobre caliente del grave conflicto que vive el Ministerio Público. A la vez, como requisito, me parece que si los parlamentarios pedimos eso, debiéramos poner también nuestro fuero parlamentario al momento de ser investigados", dijo Castro.
"Creo además que (la modernización) tiene que ser, junto con los cambios en los sistemas de nombramientos al interior de Poder Judicial y del Ministerio Público; es decir, cómo se nombra el fiscal nacional –porque hacerlo por una combinación política en el Senado ya no resiste más-; y cómo se nombra a los fiscales regionales, que tampoco parece ser razonable que sean a propuesta de las cortes de Apelaciones, sobre todo cuando hoy se investiga a una Corte de Apelaciones y salen antecedentes de que esto fue anómalo", reflexionó el parlamentario.
