Francisco Bravo, presidente del gremio, pidió resguardar a jueces, persecutores y defensores frente al crimen organizado y los seguimientos denunciados en el caso Hermosilla.
Reflotó también la necesidad de evaluar que la PDI, sobre la cual hay sospechas, pase a depender del Ministerio Público: "Se ha dicho muchas veces, pero queda en el tintero".
La Asociación Nacional de Fiscales urgió la creación de una política de Estado destinada a proteger a los funcionarios del Sistema de Justicia frente a amenazas del crimen organizado y los recientes presuntos amedrentamientos denunciados en el marco del caso audio-Hermosilla.
Francisco Bravo, presidente del gremio, expuso en El Diario de Cooperativa que en los años 2022 y 2023 realizaron una serie de encuestas "respecto de la seguridad de los fiscales, y detectamos que el mayor lugar de vulnerabilidad es en torno a los Tribunales de Justicia".
Ante ello, a inicios de este año, por instrucción de la Fiscalía Naconal, "se creó una unidad para diseñar una política interna de seguridad para los fiscales, encargada a un exoficial de Carabineros".
Además, "hace un año se firmó un convenio de seguridad entre el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía para tomar una serie de resguardos en torno a los tribunales", que incluye accesos y salidas diferenciados a las salas de audiencia, medidas sobre estacionamientos e incluso con el uso de los baños. A ello se suma la reciente Ley de Reincidencia y Delitos de Mayor Connotación Social, que les permite a los persecutores presentarse vía telemática y reservar su identidad en caso de existir riesgo para su integridad.
"No es fácil saber qué personas están detrás cuando las amenazas son anónimas, muchas veces se usan las redes sociales, y en ocasiones es posible llegar a ellas, pero en la mayoría de los casos no es fácil", puntualizó.
En ese contexto, "hemos insistido en que hay que diseñar una política de Estado que se haga cargo de la protección de los operadores de Justicia, no solamente los fiscales, también los jueces y defensores que hoy están mucho más expuestos a ser agredidos, amenazas, coaccionados, objeto de algún tipo de hostigamiento", exhortó Bravo.
"A veces hay amenazas directas y amenazas veladas", subrayó.
Sobre las primeras, "recuerdo una situación de un colega en el sur: un lienzo colocado en la calle decía 'fiscal, acuérdate de que tienes hijos'; en la Región de Atacama pasó algo similar", detalló.
[📻] Asociación de Fiscales: En los últimos años hicimos encuestas, y detectamos que el mayor lugar de vulnerabilidad de la seguridad para los fiscales es en torno a los Tribunales de Justicia #CooperativaContigo
— Cooperativa (@Cooperativa) October 23, 2024
En cuanto a las amenazas indirectas, aparecen los presuntos seguimientos a los fiscales a cargo del caso Hermosilla.
Según los antecedentes, se registraron intentos de vulnerar la casilla de correo electrónico de la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra; un ataque sin robo al automóvil del fiscal Miguel Ángel Orellana y un informe de seguimiento al fiscal Felipe Sepúlveda, quien ha liderado la causa contra el abogado penalista.
De acuerdo con la fiscal Parra, las sospechas apuntan a la eventual responsabilidad de personal en retiro, o en servicio activo, de la Policía de Investigaciones (PDI).
"Si llega a comprobarse es gravísimo, porque trabajamos con las policías todos los días, con Carabineros y la PDI; son nuestros socios estratégicos en la persecución penal", advirtió.
Pero ante una situación de este calibre, enfatizó que "ha llegado quizás el momento de estudiar que la PDI dependa derechamente del Ministerio Público, algo que se ha dicho muchas veces, pero ha quedado en el tintero".
"Aparece como connatural porque la PDI realiza investigaciones de carácter penal, que dirigen los fiscales. Pero por una cosa histórica y de tradición, la PDI depende del Ejecutivo", sentenció.
