Dos funcionarias del Ministerio Público presentaron una querella contra el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, por el delito de apremios ilegítimos y abusos contra particulares.
Las afectadas, que trabajan en la Fiscalía de Rancagua, acusan que Campos el pasado 3 de mayo, durante un interrogatorio en el marco de las investigaciones contra el fiscal Emiliano Arias, realizó amenazas contras ellas "con el objeto de obtener una declaración que perjudicara al fiscal regional de O'Higgins (Arias)".
"(Campos) procedió, en reiteradas ocasiones a coaccionar, amenazar y realizar actos vejatorios en su contra con el objeto de obtener una declaración que perjudica al fiscal regional Emiliano Arias", señaló la Asociación Nacional de Funcionarios de la zona Centro Norte, según consigna el diario El Mercurio.
Debido a estos hechos, el fiscal regional de Magallanes es acusado por el delito de apremios ilegítimos y abusos contra particulares que habrían sufrido las dos funcionarias del Ministerio Público.
Además el matutino consignó que para presentar esta querella "se instruyó la declaración de funcionarios y asociados a la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Metropolitana Norte".
Campos fue uno de los fiscales más participativos en la investigación contra el fiscal Arias e incluso fue quien lo interrogó como imputado y quien participó en su audiencia de formalización.
"Terminé llorando"
Una de las afectadas señaló que Campos le consultó si el fiscal Arias fue el motivo por el término de la una relación sentimental que ella tuvo con un funcionario del Ministerio Público, algo que rechazó tajantemente.
Además aseguró que el tipo de preguntas que le realizó Campos fueron efectuadas por su calidad de mujer y que tras el interrogatorio -que según señala duró cerca de 8 horas- terminó llorando.
"Estoy segura de que estas preguntas no se las hubieran hecho a un hombre", criticó la afectada.
Abbott informó que se desestimó la denuncia
El fiscal Nacional, Jorge Abbott, comunicó que "el Consejo General del Ministerio Público decidió desestimar que se trata de una denuncia respecto de hechos constitutivos de delitos, además de rechazar las solicitudes de instruir investigación administrativas", según informó El Mercurio.
Sigue pendiente la respuesta del Tribunal de Garantía de Rancagua sobre la admisibilidad de esta acción judicial.
