El fiscal regional de O'Higgins disolvió la empresa Caval sin esperar el pronunciamiento de la Unidad Anticorrupción.
"Es el mismo caso del fiscal Pérez Calaf", también sumariado, explicó el jefe del Ministerio Público.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, justificó este jueves su decisión de ordenar un nuevo sumario contra el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias; el tercero en dos años.
Según se conoció en la víspera, Abbott decidió sumariar a Arias a raíz de su actuación en la arista Saydex del caso Caval, donde dispuso -con la venia del Juzgado de Garantía de Rancagua- la disolución de la empresa de Natalia Compagnon y Mauricio Valero sin consultar previamente con la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público.
"En el caso del fiscal Arias ocurrió exactamente lo mismo que ocurrió con el fiscal (regional metropolitano Occidente, José Luis) Pérez Calaf, quien no cumplió un instructivo al suspender a una sociedad en virtud de haber cometido un delito de cohecho, que requiere un pronunciamiento previo, un informe previo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional", dijo Abbott.
"Él dejó de cumplir ese instructivo y, por esa razón, se está haciendo la investigación respectiva para ver si eso amerita o no alguna sanción... Es el mismo caso del fiscal Pérez Calaf", insistió Abbott.
"No hubo impunidad"
El fiscal Occidente fue sumariado el año pasado por el denominado "caso basura" y en enero último se le impusieron sanciones administrativas.
Según detalló La Tercera, el nuevo sumario contra Emiliano Arias será conducido por el fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán.
"Lo que se obtuvo con las medidas que apliqué es la máxima sanción a una persona jurídica, que es la disolución, que no podría haberse obtenido en un juicio y espero que eso se valore. Aquí no hubo impunidad, sino la pena más grave para una sociedad jurídica que, además, va a juicio en el juicio principal", dijo Arias el miércoles a La Tercera.
Los anteriores dos sumarios contra el ex investigador del caso SQM ocurrieron, el primero, en 2016, cuando Abbott lo removió del caso Corpesca, donde terminó sobreseído; y el segundo el año pasado por, supuestamente, no respetar el deber de reserva al comentar el rol de las empresas eléctricas en los incendios forestales.
