A través de una declaración pública, la Asociación Nacional de Magistrados manifestó este sábado su rechazo frente al incidente registrado el día jueves en el Centro de Justicia capitalino, donde dos fiscales y un juez de garantía denunciaron haber sido objeto de burlas y agresiones por parte de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros.
"Compartimos el malestar y la preocupación manifestada por la Asociación de Fiscales del Ministerio Público ante la agresión verbal y de obra sufrida por los fiscales señores Marcelo Cabrera y Ricardo Peña, situación ocurrida en el Centro de Justicia de Santiago el día jueves 9 del presente, en que personal de Fuerzas Especiales de Carabineros hizo caso omiso de la presencia en el lugar del Juez de Garantía señor Darwin Bratti procediendo un efectivo policial a burlarse del mismo y haciendo caso omiso de su presencia demostrando con ello total desprecio por la autoridad judicial", señala la declaración.
"Rechazamos enérgicamente actitudes de este tipo, inéditas en nuestra historia reciente y de la mayor gravedad, pues tanto los Fiscales como los Jueces constituyen los principales órganos de control jurídico y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ante eventuales abusos en que puedan incurrir las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública", añade el texto.
En este sentido, consideran los magistrados, "resulta preocupante este irregular, abusivo e irrespetuoso comportamiento observado por personal de Carabineros y que estimamos amerita la realización de una investigación administrativa interna por parte de la institución involucrada".
Los jueces mencionan también la posibilidad eventual de "una investigación de índole penal si los hechos ocurridos fueren constitutivos de delito".
"Situaciones como la ocurrida producen el descrédito de nuestro cuerpo policial y una evidente sensación de desamparo de las personas frente a dicha autoridad. (...) Estimamos que lo sucedido configura una vulneración de los principios básicos del Estado Democrático de Derecho, al infringirse por la policía las normas procesales mínimas que permiten controlar jurídicamente su ejercicio de poder, en tutela de las garantías fundamentales de los ciudadanos", finaliza la declaración, publicada desde Santiago con fecha de este sábado 11 de mayo.
