Desde el Frente Amplio, Noam Titelman abogó por el respeto a la privacidad en estos procesos.
Luis Ruz (DC) consideró en El Primer Café que "estamos en presencia de un problema para todo el funcionamiento del Estado y también para la democracia".
La filtración de las conversaciones entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, ambas del Partido Comunista, ha generado duras críticas hacia la Fiscalía y el control que tienen de la información obtenida durante las investigaciones penales.
Este lunes, en El Primer Café, el presidente del directorio de Democracia y Comunidad y también consejero nacional de la DC, Luis Ruz, sostuvo que "la Fiscalía como tal, que tiene un poder sobre el resto de los ciudadanos, tiene que ocupar ese poder y por lo tanto, las atribuciones que le ha entregado la Constitución y las leyes con la máxima responsabilidad y la máxima acuciosidad".
Ruz añadió en Cooperativa que "no puede ser que en el marco de investigaciones que son delicadas, que son importantes para el funcionamiento del país de las instituciones, tengamos este tipo de filtraciones de los expedientes de investigación".
"Y aquí entramos a cuestiones ya de fondo porque si finalmente quien investiga y quien formula cargos en cuestiones penales pierde su credibilidad, pierde la legitimidad como tal, estamos en presencia de un problema para todo el funcionamiento del Estado y también para la democracia como nosotros la vemos y la queremos", remarcó.
Desde el Frente Amplio, el consejero de Rumbo Colectivo, Noam Titelman, expresó en Cooperativa que las filtraciones del Ministerio Público "se han vuelto ya como parte del escenario".
Titelman recordó que en las investigaciones del Caso SQM y Penta también hubo "una serie de filtraciones" que llevaron a discutir una "Ley Mordaza", la que "murió apenas comenzó, porque se entendió en ese momento, y yo creo que tendríamos que entrar a discutir, que de alguna manera las filtraciones cumplían un rol de rendición de cuenta democrática".
Sin embargo, dijo, "con el pasar de los años ha quedado claro que, en primer lugar, si creemos que las cosas que tiene Fiscalía debiesen ser de conocimiento público, entonces habría que hacerlas de conocimiento público, no esperar a que se filtren, porque cuando se filtran, y eso es la parte más complicada quizás de las filtraciones, hay normalmente alguna intencionalidad: alguien decide qué filtrar y qué no filtrar".
Además, "yo creo que hay una pregunta no menor sobre cómo entendemos el respeto a la privacidad" porque "efectivamente para todo el mundo es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, y cuando esas filtraciones le benefician a su sector aplaudirla y cuando lo perjudican denunciarla. Yo creo que deberíamos tener una regla mucho más amplia de protección de ese espacio de privacidad, y este es un tema muy grave, porque efectivamente en el mundo en el que vivimos, la privacidad, el cuidado de los datos personales, se vuelve cada vez un privilegio más difícil de resguardar", cerró.
Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, enfatizó que "la Fiscalía tiene que dar explicaciones por esto y por otros casos más".
Sin embargo, Arqueros planteó que, a su juicio, esta situación "es de lado y lado (...) y las responsabilidades también son políticas desde el punto de vista que hemos alimentado esta democracia online, esta democracia de conflictos sensibleros. No nos olvidemos que nos preocupamos al principio, desde el perro del Presidente hasta la mayonesa al Presidente".
"La reacción ayer del Presidente (...) es una señal de molestia política. (...) El Presidente le dio una connotación política", sostuvo afirmando que "esto es más allá de un pelambre (...). Yo entiendo que el Presidente no quiera entrar más allá, porque finalmente es un momento de definiciones de candidatura, donde lo que se busca es unidad".
El exsubsecretario de Interior del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Ubilla, abordó las "alertas que se levantan respecto a el debido proceso" porque las filtraciones "se remonta hace muchos años, y nada pasa.
El también director del área política y sociedad civil de Libertad y Desarrollo opinó que "es correcto que el fiscal nacional (Ángel Valencia) establezca una investigación sobre esto, pero también sobre los casos anteriores. Y la pregunta ya no es investigativa, sino ¿Qué va a hacer el Ministerio Público para darle trazabilidad a la información que se genera en cualquier investigación? (...) ¿Por qué aquí se producen filtraciones en alguna parte de la cadena? Y eso es lo que tiene que darle garantía el Ministerio Público a todos los chilenos y chilenas".
En cuanto al contenido de los whatsapp, Ubilla sostuvo que "uno puede expresar minutos de rabia en una conversación privada, pero descalificar al compañero de partido -porque se refiere incluso a la ministra Vallejo- descalificar al Gobierno al cual uno pertenece, por lo menos me parece que es una falta respecto a un espíritu de cuerpo necesario para emprender una misión tan grande como gobernar un país. Entonces, esto ya puede ser un minuto de rabia, pero ese minuto de rabia expresa una posición política".
