El Ministerio Público solicitó formalizar por dos delitos al persecutor de la Fiscalía Oriente, Pablo Antúnez Molina, quien fue denunciado por hechos de violencia familiar (VIF) por su expareja, otra funcionaria de la misma repartición del esa entidad.
Según consignó La Tercera, Fiscalía debió aplicar sumarios administrativos en contra de otro persecutor que no se ajustó a los protocolos para este tipo de delitos, partiendo porque no pasó a control de detención a su colega y sólo lo dejó citado al Ministerio Público.
El caso, que se inició el 19 de enero, está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Valparaíso. La víctima, que posteriormente presentó una querella por este caso, relató que durante esa jornada se encontraba en el departamento de Antúnez, en Providencia, donde se generó una discusión tras el término de un matrimonio de 20 años.
Según se detalló en la querella publicada por Meganoticias, el fiscal Antúnez presuntamente encerró a la mujer en el interior del mencionado inmueble, señalando que se iba a suicidar producto de las constantes discusiones que sostuvieron ambos en el último tiempo. En ese contexto, y tras un forcejeo entre ambos, la víctima pudo salir del departamento tras correr por el pasillo del edificio mientras el fiscal la perseguía y, luego de alcanzarla, la empujó contra una pared, provocando que se golpeara y cayera al piso.
FORMALIZACIÓN DEL IMPUTADO
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, solicitó la formalización de Antúnez al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por los hechos de enero, que fueron calificados como delitos de lesiones menos graves cometidos en contexto de violencia intrafamiliar. A lo anterior se suma también el delito de maltrato habitual, que fue señalado en la querella de la expareja del fiscal, quien relató que dichos actos se repitieron en varias oportunidades durante los años de convivencia.
Además, previo a la solicitud de formalización de la Fiscalía de Valparaíso, el Tribunal decidió suspender la audiencia de sobreseimiento definitivo solicitada por la abogada defensora de Antúnez, Silvia Olivares. Esto porque -según fuentes de La Tercera-, el proceso judicial ha tenido una serie de cuestionamientos debido a que, luego de la denuncia realizada por la víctima, la causa fue tomada por el fiscal de flagrancia Anatole Larrabeiti, que decidió no pasar a control de detención a su colega.
Una vez que la fiscal regional Lorena Parra estuvo al tanto de los hechos, se notificó tanto a Antúnez como a Larrabeiti del inicio de un sumario administrativo en su contra. En el caso del persecutor denunciado por su expareja, también se le suspendió el cargo. En tanto, al fiscal Larrabeiti se le abrió un proceso administrativo porque su trabajo no se ajustó a los protocolos establecidos para ese tipo de denuncias.
Paralelamente, Fiscalía Oriente, a través de sus unidades de Género y de Víctimas y Testigos, pidió al Tribunal las primeras medidas de protección, las cuales se adoptaron. Asimismo, se informó a la Fiscalía Nacional del hecho debido a que el investigado se tratada de un funcionario de esa institución.
FISCALÍA CERRÓ INVESTIGACIÓN POR "DECISIÓN ADMINISTRATIVA"
Tras lo anterior, la entidad dirigida por el fiscal nacional Ángel Valencia instruyó desarrollar la investigación a la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, quedando a cargo el fiscal regional José Pérez Calaf. No obstante, según se señaló en la solicitud de formalización, este último cerró la investigación por "decisión administrativa".
Ante la decisión del fiscal Pérez, la abogada querellante del caso, Marta Poblete, ingresó una solicitud para que se reabra la investigación, que fue acogida por el Octavo Juzgado de Garantía el 25 de septiembre, entregando un plazo de 30 días para las diligencias. Posteriormente, Fiscalía Nacional cambió la causa y nombró a la persecutora Claudia Perivancich a cargo de la investigación, quien finalmente solicitó la formalización del victimario.
En tanto, en la arista administrativa, Fiscalía Oriente finalizó el sumario de Antúnez, quien deberá dejar el Ministerio Público, elevando al fiscal nacional Ángel Valencia la solicitud de remoción. De momento, y según señaló Fiscalía Oriente, dicha salida no se ha concretado. Mientras que el fiscal Larrabeiti, fue censurado por escrito tras no haberse apegado a los protocolos de causas VIF en flagrancia.
