En el marco del debate por el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad presentado por el Ejecutivo, el fiscal nacional, Ángel Valencia, planteó este viernes, en entrevista con El Diario de Cooperativa, que la persecución del crimen organizado debe realizarse dentro del marco institucional, señalando que la falta de eficacia democrática puede abrir la puerta a medidas extremas.
"Lo que nosotros valoramos fue la iniciativa de un paquete de reformas que, en general, recoge muchos planteamientos que el Ministerio Público ha hecho. Sería autocontradictorio que hubiéramos hecho un conjunto de propuestas en los últimos años —como, por ejemplo, modificar el régimen penitenciario— y cuando el Ejecutivo ingresa un paquete de leyes para efectivamente implementar o introducir esas propuestas que hemos planteado a nuestro sistema dijéramos que no es buena idea", afirmó el jefe del Ministerio Público sobre la propuesta impulsada por el Gobierno.
Sin embargo, Valencia advirtió que "el Estado chileno tiene el deber de ser eficaz en la persecución de la delincuencia organizada, pero ese deber no se cumple a cualquier costo, a cualquier precio; se cumple dentro del marco de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos".
En esa línea, sostuvo que "si el Estado democrático, los países democráticos —y esto es una cosa que no solo cae sobre Chile, sino que recae sobre todos los países democráticos— no son capaces de enfrentar con las reglas de la democracia de manera eficaz a la delincuencia organizada, de garantizar a toda la ciudadanía su derecho a la seguridad, a caminar en paz, a tener un espacio de un orden público donde la policía vela por el respeto de sus derechos, etcétera, que es la base de cualquier otro derecho, —y en eso coincido plenamente con lo que dice el Presidente de la República—, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y la tentación de recurrir a medidas autoritarias, a un régimen autoritario, para poder asegurar ese derecho básico está en la puerta. No soy brujo cuando lo digo".
"La lucha contra la delincuencia organizada es una lucha también en defensa de la democracia y la libertad, porque lo que estamos haciendo es mostrándole a la ciudadanía de que la democracia es el camino y no el problema", enfatizó.
El el fiscal nacional remarcó que existe espacio para fortalecer el marco normativo sin vulnerar los derechos fundamentales ni traspasar la Carta Magna, rechazando la noción de que la legislación actual haya alcanzado el tope de los márgenes constitucionales.
"Nadie puede caer en la idea de que todas las leyes chilenas están en el borde de nuestra Constitución y en la frontera del tratado internacional en materia de derechos humanos. Podemos hacer más (...). Los tratados internacionales y la Constitución establecen ciertos límites; constituye un error creer que la ley está en esa frontera, pues tiene un espacio claro para avanzar", aseguró.
Dudas por interceptaciones sin control judicial
El paquete legislativo presentado por el Gobierno contempla ejes controvertidos, tales como la facultad del Ejecutivo para disponer interceptaciones telefónicas e inteligencia sin control judicial previo, la creación de un listado oficial de organizaciones terroristas y del crimen organizado, regímenes penitenciarios diferenciados de máxima seguridad y la instauración de un nuevo estado de excepción constitucional para intervenir barrios críticos.
Respecto a las facultades de interceptación telefónica sin autorización judicial que incluye el proyecto, Valencia planteó reparos sobre su utilidad y alcance práctico en el ámbito penal.
"De lo que podía apreciar de la reforma a través del texto que se ha dado a conocer (...), no he conseguido entender cuál es el propósito de esas interceptaciones porque aparentemente no se están modificando las atribuciones del Ministerio Público en la dirección de investigaciones penales (...) Entiendo, entonces, que esas interceptaciones telefónicas no estarían dirigidas a obtener información para que sea útil para una causa penal. Entonces, no entiendo qué información, con qué propósito, quién la solicitaría y por qué se estaría evitando el control judicial si hoy día no tenemos dificultades en ese control", apuntó.
En materia penitenciaria, se mostró a favor de establecer un marco normativo claro para la segregación de imputados de alta peligrosidad, señalando que "una norma expresa que estableciera la posibilidad de la existencia de regímenes penitenciarios diferenciados (...) contribuiría a evitarnos muchas discusiones innecesarias en tribunales" respecto a traslados de líderes del crimen organizado.
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