El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó este lunes los distintos casos de secuestros registrados en las ciudades de Rancagua e Iquique en los últimos días y calificó la situación como un "desafío" al cual "no nos habíamos enfrentado".
"Este tipo de situaciones nos impone a todos en una obligación de estar más coordinados y en proceso de aprendizaje respecto de la forma en cómo abordar en conjunto", dijo Valencia.
"Es un desafío que, probablemente, a ese nivel de sofisticación y complejidad no nos habíamos enfrentado, pero estoy seguro de que vamos a poder ir perfeccionando cada vez mejor nuestros protocolos", afirmó el jefe del Ministerio Público.
Las declaraciones de Valencia se dieron en el marco de la presentación del nuevo Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, grupo multidisciplinario conformado por policías y persecutores, que tiene como objetivo investigar de manera exclusiva y supraterritorial los delitos de homicidio y secuestros.
"Este proyecto viene a mejorar la persecución penal del delito de homicidio, de los secuestros y sus delitos asociados, especialmente aquellos cometidos en el contexto de la criminalidad organizada. Buscamos fortalecer los procesos de obtención y levantamiento de antecedentes relevantes desde la primera notitia criminis. Con esto buscamos robustecer los procedimientos asociados a la identificación de imputados, de obtener términos de calidad considerando la gravedad de los delitos", explicó.
El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, relevó que la iniciativa "da cuenta de una realidad, pero también de una institución que se encuentra absolutamente preparada, con personal profesional y especializado para poder abordarlo".
"Tenemos capacidades investigativas, aquí se utilizan técnicas que no se usan de un día para otro, (sino que) se vienen trabajando, estudiando y capacitando al personal para que pueda hacer esta interacción con este tipo de organizaciones, y permita que los resultados sean los que se obtuvieron", complementó.
En Antofagasta, por ejemplo, el equipo estará integrado por 40 profesionales. "Tienen duración continua, es decir, estarán trabajando 24/7, los 365 días del año, y para ello se estableció un sistema de turnos ininterrumpido (...) siempre y en todos los casos, con el apoyo de un fiscal", apuntó el fiscal regional Juan Castro Bekios.
GOBIERNO PIDE EVITAR "FALSAS POLÉMICAS" POR PAGOS DE RESCATES
La actividad se desarrolló en el Centro de Justicia de Santiago y también contó con la participación del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Al respecto, Monsalve reafirmó los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, respecto al caso de secuestro en Rancagua y el pago de dinero por la liberación de las víctimas, y señaló que la negociación es una herramienta válida para garantizar el éxito en estos procedimientos.
En esa línea, estacó que en los últimos tres casos de secuestro las víctimas fueron rescatadas con vida y que además existen personas detenidas por dichos delitos.
"Cuando hay un secuestro, hay una vida en juego, y hay que dejar que los equipos especializados tomen las decisiones que consideren correctas para salvar la vida de la persona y llevar adelante la investigación que permita identificar y detener a los responsables. Con toda la gravedad de estos hechos, en los tres secuestros de los últimos días se ha rescatado a la víctima con vida y se ha tomado detenidos", sostuvo Monsalve.
El subsecretario reafirmó que "tenemos legislación, tenemos instituciones, y también se están destinando recursos para fortalecer las capacidades tecnológicas y el equipamiento. Siempre estamos abiertos a la revisión, a mejorar las capacidades del país, y por lo tanto, vamos a proveer una reunión para analizar la posibilidad de, si es que existen brechas, cerrarlas".
En La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, pidió no generar una controversia donde, a su juicio, no debiera haber, a propósito de las críticas a la ministra Tohá por haber revelado que hubo pago de rescate en Rancagua, al igual como reportó luego la propia Fiscalía en uno de los dos casos en Iquique.
"Quiero reforzar la invitación a evitar falsas polémicas sobre estos temas. Quien quiera instalar la idea de que a través de una negociación para pagar los montos que se solicitan por parte de los secuestradores, va a haber impunidad, están muy equivocados", conminó la portavoz.
El nuevo equipo de Fiscalía debutó el domingo con el caso del homicidio de un ciudadano dominicano, ocurrido en la comuna de Estación Central, en la capital.
La legislación chilena contempla penas de entre cinco años y un día hasta 15 años de preisido por secuestro extorsivo. Una modificación reciente precisa que se aplicará el mismo rango cuando la retención se prolongue por más de 24 horas, y eleva la condena desde presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado cuando la víctima sufra lesiones graves, violación u homicidio.
PARLAMENTARIOS PIDEN CONVOCAR EL COSENA
Ante este escenario, el senador Matías Walker (Demócratas), así como algunos diputados de la UDI, pidieron convocar a los presidentes de ambas cámaras y de la Corte Suprema, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, y al contralor general para que aborden este tema junto al Presidente Gabriel Boric.
"Es fundamental que el Presidente de la República convoque al Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano asesor del Presidente en estas materias. En el caso de Pomaire hubo un asesinado. Estamos ante una situación de crimen organizado", advirtió Walker.
La última vez que se convocó el Cosena fue en noviembre de 2019, durante el estallido social, y en ese entonces, al salir de la reunión, el contralor Jorge Bermúdez descartó que existiese validez jurídica para que el expresidente Sebastián Piñera lo citara, pues trató asuntos de orden público en lugar de un riesgo de seguridad nacional, como establece la Constitución.
En tanto, el Senado puso en la tabla de la sesión de mañana un proyecto que modifica el Código Penal en materia de la aplicación de la prisión preventiva -la máxima medida cautelar- por uso de armas de fuego o pertenencia a organización criminal.
