La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las irregularidades cometidas en el ministerio de Obras Públicas entre 2002 y 2003, en el llamado caso MOP-Gate, la causa que instruyera la entonces ministra en visita y hoy integrante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
Se confirmó la sentencia condenatoria a los ex empleados públicos y se revocó la absolución de los empresarios ligados a consultoras, siendo condenados por fraude fiscal.
De esta manera, se ratificó que el ex titular de la cartera, Carlos Cruz, debe cumplir tres años de presidio por su responsabilidad como autor del delito de fraude al Fisco, lo mismo que el ex tesorero de la Unidad de Concesiones, Sergio Cortés, sentenciando a cinco años de presidio.
Además, se condenó a Cruz a pagar 799 millones de pesos y fracción, y mientras que al resto de los condenados más de 3.200 millones de pesos, como lo había solicitado el Consejo de Defensa del Estado.
Los ex funcionarios Eduardo Bartholin y Gonzalo Castillo fueron condenados a 61 días de presidio.
El dueño de la consultora Gate, el socialista Héctor Peña Véliz, fue condenado a 61 días de presidio. También fueron condenados Óscar Araos Guzmán (541 días de presidio), Nassir Sapag Chain (200 días de presidio), Roberto Salinas Briones (60 días de prisión), Sergio Hinojosa Ramírez (60 días de prisión), Ramón Silva Améstica (60 días de prisión), Héctor Quiroz Astorga (60 días de prisión), Dolores Rufián Lizana (60 días de prisión) y Luis Jara Núñez a 40 días de prisión como encubridor del delito de fraude al fisco.
A ellos se sumaron los imputados que habían sido absueltos en primera instancia, los que, ahora, la Corte de Santiago sancionó con penas de 60 días de prisión por su responsabilidad como autores del delito de fraude al fisco.
Ellos son Marcos Luraschi Pandolf, Abdón Naim Pajundakis, Sergio González Tagle, Francisco González del Río, Eduardo Valenzuela Freraut, Luis Arrau del Canto, Francisco Donoso Díaz, Alejandro Gutiérrez Arteaga, Carlos Calderón Pinto y Luis Solar Pinedo; mientras que Jorge Quiroz Castro fue condenado a 41 días de prisión.
Por reunir los requisitos legales, a todos los condenados se les concedió el beneficio de la remisión condicional de la pena, salvo Cortés Castro, a quien se le concedió el beneficio de la libertad vigilada.
Además, a todos se les impuso la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para cargos u oficios públicos y deberán pagar una multa correspondiente al 25 por ciento del monto fraudado.