Exigen un sumario administrativo al interior de la Fundación Tierra de Esperanza.
Criticaron que el imputado se encuentre con arresto domiciliario nocturno.
La ONG Red Infancia Chile presentó una denuncia contra la Fundación Tierra de Esperanza por la situación de un abogado que fue detenido por fotografiar a menores en Antofagasta.
Desde la organización aseguraron que es necesario un sumario administrativo, ya que se trata de una institución colaboradora del Sename.
Además, la presidenta de Red Infancia Chile, Lorena Bustamante, criticó las medidas cautelares a las que quedó sujeto el hombre -arresto domicilario nocturno y arraigo nacional-, cuya identidad no se puede divulgar en los medios de comunicación.
"Los niños están expuestos a todo tipo de vulneraciones, revictimización una y otra vez, pero estos abusadores siempre tienen garantías", planteó.
"Para nosotros tiene que ser evidente, ese juicio tiene que ser abierto. Son 5.495 fotografías de niños, niñas y adolescentes", dijo Bustamante.
"Debería estar encerrado, nosotros estamos por la castración química, por el aumento de penas de 40 a 60 años, por establecer penas muy superiores a las que están ahora", agregó.
Desde la fundación aseguraron que no habían señales ni se realizaron pericias para detectar un perfil sicológico del sujeto, aunque reiteraron que colaborarán con la investigación.
El abogado José Ignacio Escobar aseveró que "efectivamente él fue despedido de la fundación por los hechos que dieron inicio a la causa penal, que ya además fue formalizada y el imputado ahora se encuentra con medidas cautelares".
"Nosotros hemos hecho un seguimiento estrecho de la causa, tomando contacto ya con la unidad de víctimas de la Fiscalía Regional y desde luego con la seremía de Justicia", manifestó.
Escobar adelantó que "puedo además confirmar que tengo la instrucción de interponer una querella criminal durante esta semana en contra del mismo imputado".
INDH no descartó apelación
Por su parte, el jefe regional del INDH, Paulo Palma, indicó que "las penas son bajas, entonces la justificación legal no da para una prisión preventiva jurídicamente hablando".
"Está todavía la posibilidad de que el Ministerio Público apele a esa resolución y que la Corte de Apelaciones efectivamente pueda conseguir dar vuelta el fallo y obtener una prisión preventiva, todo eso depende de la calidad de los aportes de la nueva información que se pueda obtener", sentenció.
