El Gobierno informó la nómina de abogados que integrarán las 17 cortes de Apelaciones del país.
La profesional ejercerá en el tribunal de alzada de San Miguel.
Muñoz y el resto de abogados designados estarán en funciones hasta marzo de 2025.
A través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Presidente Gabriel Boric envió a toma de razón en la Contraloría los decretos de nombramiento que designan a los nuevos abogados integrantes de la Corte Suprema y las 17 Cortes de Apelaciones del país.
La designación se llevó a cabo con base en las propuestas elaboradas por el máximo tribunal en un oficio del 19 de diciembre de 2023, conformadas según lo señalado en el artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales.
De este modo, según publicó hoy La Tercera, Boric designó 12 abogados en el caso de la Suprema: Rosa Leonor, Fabiola Lathrop, Pía Tavolari, Juan Carlos Ferrada, María Angélica Benavides, José Miguel Valdivia, Irene Rojas, Álvaro Vidal, Raúl Fuentes, Carlos Urquieta, Eduardo Gandulfo y Andrea Ruiz.
En el caso de las Cortes de Apelaciones, el Presidente nombró a cinco abogados para Arica; tres para Iquique; cinco para Antofagasta; tres para Copiapó; cinco para La Serena; nueve para Valparaíso; 15 para Santiago; nueve para San Miguel; cinco para Rancagua; cinco para Talca; tres para Chillán; nueve para Concepción; cinco para Temuco; cinco para Valdivia; tres para Puerto Montt; tres para Coyhaique; y finalmente, tres para Punta Arenas.
Entre los escogidos está Patricia Muñoz, ex fiscal adjunta de La Florida y ex defensora de la Niñez, cargo en el que debió enfrentar una serie de cuestionamientos de la derecha por su papel tras la crisis social de 2019, lo que llevó incluso a diputados a exigir su destitución, la cual fue rechazada por la Suprema.
Muñoz, abogada de la Universidad Católica de Temuco y magíster en docencia, encabeza el listado de la Corte de San Miguel.
Por el contrario, entre quienes no lograron superar el concurso está Cristián Letelier, quien recientemente dejó el Tribunal Constitucional (TC).
Los abogados integrantes designados deben jurar y estar cumpliendo funciones a contar del próximo 1 de marzo, por un periodo de tres años -hasta marzo de 2027- en el caso de los nombrados en la Corte Suprema, y por un año -hasta marzo de 2025- para el caso de aquellos elegidos en las Cortes de Apelaciones.
