La presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, Soledad Piñeiro, criticó en Cooperativa las reacciones que se centran en incrementar las penas o en funar a los jueces que las otorgaron sin atender a la urgente necesidad de mejorar el sistema de ejecución penal.
La magistrada rechazó los dichos que realizó el fin de semana la subsecretaria de la Niñez, Carol Bown, en el marco del caso Ámbar, en el que fustigó el actuar del Poder Judicial.
Bown cuestionó a la comisión de jueces de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, quien quedó en prisión preventiva tras ser formalizado este lunes por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal en contra de la menor de 16 años.
Bustamante, único sospechoso del crimen de la adolescente, fue excarcelado en 2016, tras haber cumplido 11 de los 27 años de condena a prisión que le fueron impuestos por el asesinato en 2005 de su entonces pareja y el hijo de ella, de 9 años de edad, tras lo cual fue apodado como "el sicópata del tambor".
"Hay jueces que parecen defender más los derechos humanos de los asesinos que los de las víctimas. Tenemos que ver cuál es la mejor opción de sancionar a jueces que, por sus ideologías, se transforman en un peligro para la sociedad", sostuvo la subsecretaria. Declaraciones que Piñeiro calificó como "lascivas e injuriosas" y que "ponen en tela de juicio nuestra estructura democrática".
"Ataca derechamente un pilar fundamental de la judicatura, que es la independencia judicial. Cuando se desconoce que éste es el paraguas que reviste a todo el Poder Judicial, lo que se hace en definitiva es socavar el Estado de Derecho", dijo la líder del gremio de los magistrados en entrevista con Lo Que Queda del Día, de Cooperativa.
En cambio, Piñera urgió mejorar el proceso de libertades condicionales: "El sistema es muy carente de controles, es muy débil, y yo creo que hay que rediseñarlo completamente".
"TODO NUESTRO SISTEMA ESTÁ LLENO DE FALENCIAS"
"Tenemos que partir de la base de que la libertad condicional es una forma de cumplimiento de la pena, no significa que la sanción no se esté cumpliendo, y que eventualmente, si no se cumplen los requisitos para que esa persona haga uso de este beneficio, puede ser revocada y la persona puede volver a cumplir su sanción privada de libertad. Sin embargo, en el proceso posterior, cuando sale en libertad condicional, esa persona no tiene un control", alertó Piñeiro.
La presidenta del gremio de los jueces advirtió que las fallas "también tienen que ver las condiciones que pretendemos darles a las personas que deberían de reinsertarse en la sociedad, y también en la forma en que se hacen los contenidos de los informes (de Gendamería). No pocas veces encontramos errores de los informes".
"Todo nuestro sistema, desde que las personas están privadas de libertad, el proceso mismo de valoración de la posibilidad de libertad condicional y el (periodo) posterior, todo está lleno de falencias", enfatizó.
"DISTORSIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL"
Finalmente, Piñeiro reflexionó que "normalmente somos muy reaccionarios como país frente a hechos graves, de connotación social, en donde se dicta una ley. Tanto es así que la ley, por lo general, tiene el nombre del caso que la origina. Eso lo que hace es distorsionar los principios generales del derecho penal en cuanto a las proporcionalidad de las sanciones, cuáles son las conductas que debieran ser sancionadas, y podemos llegar a un populismo penal que nos puede hacer daño a todos, porque cualquiera de nosotros podría verse involucrado en un hecho como ese".
"Lo que nos falta hoy es sentarnos a pensar y reflexionar qué es lo que queremos en cada una de estas cuestiones: qué queremos como derecho penal, qué queremos como libertades condicionales, qué queremos como reinserción social", sentenció la jueza.
