El ministro de Justicia anunció medidas para "impedir que se sigan otorgando estos beneficios", a los que él mismo lleva meses poniéndoles la firma.
El secretario de Estado aspira a "zanjar esta situación en un breve tiempo", para "darle tranquilidad a la ciudadanía".
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, atribuyó a un "vacío legal" la polémica concesión de rebajas de condena a 56 abusadores sexuales y violadores de niños aplicada en lo que va de Gobierno.
Dos días después de estallar la polémica, y a través de un comunicado, su cartera anunció "la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena, junto con una serie de medidas legislativas destinadas a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios".
En la declaración, el Minju afirmó que "la decisión se adoptó tras un análisis de la normativa vigente que, según explicó la autoridad (Rabat), permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022".
"Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022", manifestó Rabat a propósito de los decretos que él mismo firmó -según una entrevista televisiva que dio ayer- sin conocimiento del Presidente José Antonio Kast, aunque los documentos indican lo contrario.
"Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía", señaló el secretario de Estado, de acuerdo al comunicado.
El Ministerio también anunció la adopción de medidas "para resolver esta situación mediante modificaciones legislativas que serán impulsadas con discusión inmediata en el Congreso Nacional".
Entre éstas se incluye la presentación de un proyecto de ley para modificar el procedimiento de obtención del beneficio de reducción de condena por conducta intachable.
La iniciativa abordará las causales que excluyen de este beneficio, una regla de temporalidad para zanjar la discusión sobre qué requisitos serán exigibles a los postulantes, normas que garanticen el derecho de la víctima a ser oída, junto con "indicaciones e iniciativas legislativas destinadas a restringir estos beneficios".
Asimismo, el Ejecutivo impulsará el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, una moción parlamentaria de carácter transversal que se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado, y que contempla un procedimiento especial para que las solicitudes del beneficios penitenciarios sean conocidas y resueltas por jueces.
"De esta forma, estas decisiones dejarían de estar a cargo de las actuales comisiones especiales establecidas por la legislación, trasladando su conocimiento a los tribunales de justicia", se indica.
