El presidente de la Asociación de Magistrados, Diego Simpertigue, aseguró que varios de los problemas que aquejan a la Justicia, entre ellos la falta de jueces en zonas apartadas del país, obedece a errores en el diseño de la Reforma Procesal Penal.
"Hay un problema de diseño que no es responsabilidad de las actuales autoridades, sino que esto viene desde el momento en que se planificó todo esto, y no solamente hay un problema de dotación de tribunales, de jueces en los juzgados mixtos, en los juzgados apartados", sostuvo en entrevista con El Diario de Cooperativa.
Los mayores inconvenientes se producen en los tribunales de competencia común, que deben ver diversas tipos de causas en zonas donde no existen Juzgados de Garantía.
En estos casos, los jueces deben revisar los procesos penales, civiles, laborales, de familia y casos de jurisdicciones antiguas como criminales y de menores, lo que deriva en atrasos en las audiencias y la extensión de la jornada laboral de los mismos magistrados.
Simpertigue indicó que existe un problema de dotación de jueces y un exceso de cargas de trabajo en ciertos tribunales.
"No tenemos candidatos suficientes para ocupar todas estas plazas. Nunca se pensó que era necesario que la Academia Judicial preparara mayor personal, mayor cantidad de postulantes para los cargos de jueces", sostuvo el presidente de los magistrados.
"Hay un mal diseño en cuanto a las cargas de trabajo, porque hay algunos juzgados que tienen mucha carga y otros que no tienen tanta", añadió.
La Reforma Procesal Penal se inició bajo el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, bajo la dirección de la ministra de Justicia de la época, Soledad Alvear, hoy senadora y presidenta de la Democracia Cristiana (DC).
Se trata de la mayor transformación que se ha producido en el Poder Judicial, que reemplazó el anterior procedimiento inquisitivo y poco transparente, con un juez que investigaba, acusaba y dictaba sentencias.
En el actual proceso existe un Ministerio Público, encargado de las investigaciones y acusaciones a través de los fiscales, mientras que también se aumentaron los derechos de los imputados, a través de la Defensoría Pública.
Finalmente, son los Juzgados de Garantía quienes dictan las sentencias en juicios orales y abiertos al público.
Prisión preventiva y jueces de Garantía
En otro tema, Diego Simpertigue se refirió a las críticas ante cierta "mano blanda" de jueces que otorgan libertad a detenidos en casos que generan conmoción pública, como el joven capturado con una bomba molotov.
El presidente de los magistrados sostuvo que con la Reforma Procesal, "es muy exigente el sistema para el juez, porque tiene que justificar" que esté acreditado el delito, "que existan fundadas presunciones de la participación del imputado y que constituya un peligro para la sociedad o la investigación".
"Pero, por otro lado, el juez no solamente tiene que fundamentar en base de estos argumentos, sino que, además, ahora es de responsabilidad del Ministerio Público demostrar que esos requisitos se cumplen", indicó.
"Si el Ministerio Público no logra demostrar" que están los requisitos, "el juez no puede dictar la detención preventiva", finalizó Simpertigue. (Cooperativa.cl)