Hasta fines de noviembre se habían interpuesto 2.011 causas ante la magistratura.
El 93,8 por ciento de las causas de los últimos diez años corresponde a inaplicabilidades.
La cantidad de ingresos hasta fines de noviembre supera en más de seis veces a la registrada a inicios de la década.
Más de 2.000 recursos han sido presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) durante el año 2019, cantidad que supera en más de seis veces a la registrada a inicios de la década.
Hasta fines de noviembre de este año se habían interpuesto 2.011 causas ante la magistratura; cantidad que contrasta con las 1.663 ingresadas en 2018, las 916 de 2017 y las 357 de 2016.
En 2010 los casos eran de 304 y se produjo una baja hasta 2014 en que se llegó a un total de 148. En 2015, en tanto, hubo 186, según consigna este jueves El Mercurio.
De acuerdo con el diario matutino, la mayor parte de los recursos presentados ante el TC en 2019, 1.987, corresponde a requerimientos de inaplicabilidad, lo que ha influido en la carga de trabajo y en el atraso de sentencias.
Con los requerimientos de inaplicabilidad se recurre en contra de un precepto legal cuya aplicación, en cualquier procedimiento que se siga ante un tribunal, pueda resultar contraria a la Constitución. Esto lo puede plantear cualquiera de las partes o el mismo juez. En caso de ser acogido, el TC declara "inaplicable" un precepto legal específico por inconstitucional, pero exclusivamente para el caso determinado.
El rotativo señala que de un universo total de 6.311 causas que se han interpuesto en los últimos diez años, 5.922 corresponden a inaplicabilidades: 93,8 por ciento del total.
El aumento de estos requerimientos comenzó hace tres años por los recursos de la Ley Emilia y la Ley sobre Control de Armas. Si en 2016 eran 299 causas de este tipo, en 2017 aumentaron a 883 y en 2018 a 1.618.
Otra de sus atribuciones es el control constitucional que realizan previo a la promulgación de proyectos de ley.
El control obligatorio es el segundo mayor ingreso con 212 causas que equivalen a un 3,3 por ciento. Le siguen las cuestiones de constitucionalidad sobre autos acordados que llegan a 58, un 0,9 por ciento.
