Un ministro en visita volverá a investigar muerte de Rodrigo Anfruns
La Corte de Apelaciones determinó que la magistrada Dobra Lusic deberá dilucidar el crimen del menor que en 1979 remeció al país.
La Corte de Apelaciones determinó que la magistrada Dobra Lusic deberá dilucidar el crimen del menor que en 1979 remeció al país.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que Dobra Lusic Nadal asumirá como ministra en visita en la investigación del crimen del menor de seis años Rodrigo Anfruns Papi, que en 1979 perpetraron -según versiones de testigos- agentes de seguridad de la dictadura de Augusto Pinochet.
Según la resolución del tribunal de alzada, la querella para reabrir el caso, que presentó la madre del menor, nunca debió haber sido tramitada por la titular del 17º Juzgado del Crimen de Santiago, Patricia González, porque el homicidio ya había sido investigado por un ministro de corte.
La ministra Lusic se encuentra en período de vacaciones por lo que será subrogada hasta su regreso por su colega Amanda Valdovinos.
En julio de 2004, el abogado Roberto Celedón, en representación de Paola Papi, presentó una acción legal contra los agentes del Estado que resulten responsables por la muerte del niño.
El nombramiento no se produjo de inmediato, pues ninguno de los integrantes de la corte era el sucesor en antigüedad y escalafón de Ricardo Gálvez, quien indagó la causa en un principio.
La historia del niño que movilizó a un país
Rodrigo Anfruns Papi, de seis años, jugaba en el antejardín de la casa de sus abuelos, en las cercanías de la intersección de Miguel Claro con Sucre, comuna de Providencia, cuando desapareció, un día 3 de junio de 1979.
De la desesperación de su familia se hizo parte el país completo, que clamó por el retorno sano y salvo del menor, que se presumía secuestrado. La repercusión del hecho fue tal, que incluso figuras del espectáculo hicieron emotivos llamados, a través de la televisión, para lograr la liberación de Rodrigo.
Las policías movilizaron numerosos recursos e incluso en el caso colaboraron agentes de los organismos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, hubo nulas pistas sobre el paradero del infante.
Tras 11 días de agonía, el 14 de junio de 1979, el cuerpo sin vida de Anfruns fue hallado en un sitio eriazo, situado a los pies del hogar de sus abuelos, el que había sido registrado en varias ocasiones, incluso con la ayuda de perros adiestrados.
El culpable, según la Policía de Investigaciones de la época, fue un menor de 16 años, individualizado con las iniciales P.P.V., quien condujo a los detectives al lugar, tras confesar su crimen. La versión indicó que el cadáver siempre estuvo en una sola parte y, misteriosamente, pasó inadvertido para decenas de uniformados que recorrieron la zona buscándolo.
Las diligencias posteriores y la edad del supuesto homicida hicieron que, rápidamente, el juez Ricardo Gálvez, quien actualmente es ministro de la Corte Suprema, cerrara el caso. Además, Investigaciones recibió públicas felicitaciones de parte de La Moneda, encabezada por el entonces los ministros del Interior y Justicia de Pinochet, Sergio Fernández y Mónica Madariaga, respectivamente.
Sin embargo, las numerosas dudas que generó el caso, sobre todo cómo pudo un cuerpo estar 11 días en un sitio eriazo registrado en varias ocasiones, siempre hicieron pensar a la familia Anfruns Papi que la verdad no se condijo con la resolución legal del proceso.
De acuerdo a versiones desarrolladas por el libro "Una verdad pendiente", de la periodista Soledad Pino, Rodrigo Anfruns Papi fue secuestrado por error, por agentes de los servicios de seguridad de la dictadura, por una rencilla personal entre oficiales de las Fuerzas Armadas.
Dos bandos se disputaban la participación en una operación de tráfico de armas, y problemas surgidos en la operación ilegal motivaron a un grupo a idear el secuestro de una menor, para intimidar a su familia, de la que era parte uno de sus enemigos.
El plagio se materializó, pero aunque el objetivo no era Anfruns, el niño cayó en las manos de militares, quienes a pesar de haber cometido un crimen, pudieron encubrir su accionar a raíz de su posición en el régimen. (Cooperativa.cl)