La Corte Suprema ratificó que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio tendrá que pagar una indemnización de 10 millones de pesos a un paciente por violar la reserva legal del secreto de su diagnóstico mientras estaba internado en el hospital Doctor Eduardo Pereira, recinto también conocido como El Santatorio.
La sentencia respalda la resolución dictada previamente por la jueza Leonor Cohen, del 5° Juzgado Civil de Valparaiso, quien estableció la responsabilidad del Servicio por "actuar culposo" respecto de la situación del paciente, quien en junio de 2007 fue trasladado desde el Hospital Carlos Van Buren por un tratamiento de un cólico biliar y se reveló que era portador asintomatico del VIH desde hace 20 años.
Al conocer la situación, el hombre solicitó la reserva de su diagnóstico, estableciendo que no quería que su entorno familiar se enterara, lo que no fue respetado por funcionarios del recinto asistencial, que revelaron la información a sus visitas, a otros pacientes y a alumnos en práctica de medicina, informando incluso el numero de cama donde se recuperaba.
En la resolución, los jueces establecieron que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio incurre en "falta de servicio", consistente en no dictar las normas necesarias y difundirlas entre su personal sobre el manejo de datos sensibles de los pacientes, aun cuando cinco años antes ya existía una normativa legal que regulaba el tema.
Sin protocolosLa abogada de la Corporación Judicial de Valparaíso, Claudia Olguín, valoró la sentencia del tribunal y comentó que "el servicio no había establecido ningún protocolo para los funcionarios, tanto para los médicos como para los auxiliares paramédicos en orden al tratamiento de ese tipo de información respecto de los pacientes".
Insistió en que esta actitud del personal médico fue "una falta de prolijidad, porque este señor estaba en una sala común, entonces siempre se indicó que el paciente de la cama ocho era el que tenia sida. Y obviamente el resto de la gente se asustó y (su defendido) tuvo problemas mientras estuvo hospitalizado, con la vergüenza y la carga social".
Se espera que la sanción marque un precedente a este tipo de casos en el marco de la polémica desatada por el decreto del Ministerio de Salud que pretende contactar a los contactos sexuales de los portadores del VIH.