El ministro Hernán Larraín apuntó a la responsabilidad del Servicio Médico Legal en los problemas para notificar.
"Aquí hay algo que requiere una explicación", aseguró.
La situación se da a raíz del caso de Sergio Mardoff, joven desaparecido en 2005 en Concepción y cuyo cuerpo estuvo tres años en el SML.
El Ministerio de Justicia apuntó a la responsabilidad del Servicio Médico Legal (SML) en los problemas para notificar a familiares sobre el hallazgo de cuerpos de sus parientes fallecidos, pese a que en el organismo público afirman que esta labor corresponde a las policías, a las que informan quincenalmente de sus resultados periciales.
El ministro Hernán Larraín dio plazo hasta el próximo lunes al SML para que entregue un catastro nacional sobre los cadáveres identificados por sus huellas dactilares pero que sus hallazgos aún han sido comunicados a sus familiares.
Esto tras el caso de Sergio Mardoff, joven desaparecido en 2005 en Concepción y cuyo cuerpo estuvo tres años en el SML penquista sin que se notificara a su familia, y que se conociera que en Santiago el registro histórico revela que 362 cuerpos han estado en esta situación.
El secretario de Estado explicó que en algunos casos le puede corresponder a la Fiscalía notificar o las policías, pero que en otros le corresponde directamente al SML.
"Cuando se trata de una materia que está dentro de un proceso judicial, probablemente ese caso le corresponda al fiscal. En los otros casos son informaciones que están en el registro histórico del Servicio Médico Legal y que en la medida que el SML los ha identificado y no hay certificado de identificación, es el SML el que tiene que proceder a dar esa información", aseveró,
Larraín manifestó que "aquí hay algo que requiere una explicación de por qué, teniendo ya la identificación de NN, no se le ha informado a familiares que esos NN tienen nombre y apellido".
Incluso, el titular de Justicia dijo que una vez que se entregue este informe por parte del SML, el catastro y las razones por las que no se ha notificado a familiares de los NN, se podría iniciar una investigación interna y, además, no descartó que esto tenga una arista legal.
El mea culpa de la fiscal regional del Biobío
Desde el Servicio, el director (s) Gabriel Zamora no se ha pronunciado públicamente sobre esta situación y la solicitud de antecedentes.
Por su parte, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, hizo un mea culpa respecto al caso Mardoff, expresando que ella no tiene "ningún problema si hay que reconocer negligencia, lentitud, protocolos mal diseñados".
"En el momento que haya que hacerlo, lo vamos a hacer. Éste no es el momento, porque no está totalmente claro, estamos despejando cada uno de los pasos que se dieron, tanto en la causa de investigación de él (Mardoff) como en la causa de hallazgo de osamentas", aseveró.
La persecutora aclaró que "no existe ninguna intención de tapar o desconocer algún hecho, y si hay que reconocer un error personal un error en los protocolos, lo vamos a hacer".
El Gobierno busca establecer un protocolo con el Registro Civil para actualizar los certificados de defunción de las personas identificadas y también avanzar en un proyecto de identificación dactiloscópica a nivel nacional para evitar que ocurran este tipo de problemas.
