El Colegio de Abogados de Magallanes emitió una declaración pública en la que expresó su preocupación por el nombramiento que hizo la Corte Suprema de Pablo Aceituno como nuevo magistrado de Porvenir.
Aceituno fue denunciado por acoso sexual cuando trabajaba como juez en San Fernando, lo que le valió cuatro meses de suspensión con medio sueldo.
En el comunicado, el gremio dice desconocer las razones del traslado, pero considera "grave" que, frente a una denuncia de acoso sexual, la decisión de la Corte Suprema sea recurrir esta medida.
Ello "no pondera a la gravedad de la conducta comprobada por la que fue sancionado, interrumpe improvisadamente un proceso de selección vigente, procede una vez más a utilizar el mecanismo de traslado a funcionarios del Poder Judicial sancionados y contraviene la propia política promovida por la Secretaría de Género de la Corte Suprema referida al acoso sexual", manifiesta el Colegio de Abogados.
"Cualquier región merece ser juzgada por hombres y mujeres intachables moralmente. Por ello es que es necesario explicar a la ciudadanía y al Colegio de Abogados cuál es la razón de trasladar a un juez sancionado administrativamente por acoso sexual a Porvenir", sentencia la nota.
Ramón Ibáñez, presidente del Colegio de Abogados de Magallanes, sostuvo que "son hechos graves, que vulneran de manera ostensible la dignidad, el honor y la integridad de la mujer, atendido que para hablar de acoso laboral no hablamos de hechos que sean espaciados en el tiempo, sino más bien hechos en los cuales existe cierto grado de reiteración".
Desde el máximo tribunal, la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, explicó que "la Corte de Apelaciones de Rancagua, en un sumario administrativo incubado para investigar actos constitutivos de acoso sexual, pidió a esta Corte una medida destinada a dar protección a la ofendida".
Según Chevesich, el tribunal de alza pidió "que se arbitrara lo necesario para que tanto ella como el denunciado no trabajaran en la misma unidad judicial y en la audiencia pertinente no se obtuvo el quórum necesario para abrir un cuaderno que estudiara la posible remoción del funcionario mencionado".
"Inadmisible"
Frente a la controversia, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, opinó que "el régimen de responsabilidad de jueces y juezas requiere una ineludible reestructuración y que, en lo concreto, no contemple como sanción el traslado".
"No es admisible que, por esa vía, se impida el justo derecho de aspirar a un cargo vacante, que hoy a sido ocupado sin previo concurso", agregó.
"Como Asociación hemos acordado una campaña pronta a iniciarse para educar, prevenir y erradicar toda forma de acoso sexual. Concientes de la gravedad de estas conductas también hemos realizado seminarios y conversatorios, materia que debe ser abordada con perspectiva de derechos humanos", indicó Piñeiro.
Para la jurisdicción de Porvenir había un proceso de selección en el que participaban 11 postulantes, y que fue interrumpido por el traslado.
