Tribunal ordenó, por error, la detención de una diputada

El Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu admitió este martes haber dictado, erróneamente, una orden de detención contra la diputada Mónica Arce Castro, quien representa en la Cámara Baja al Distrito Nº 12 (La Pintana, Puente Alto, Pirque, La Florida, San José de Maipo) e integra la bancada PPD-Independientes.

Según se conoció esta mañana, la legisladora fue retenida por varias horas en el Aeropuerto de Santiago, en momentos en que se disponía a viajar a México, en virtud de la referida orden de detención, dictada el pasado 13 de junio en el marco de una causa por hurto.

Mediante una declaración, el tribunal explicó que los "datos de individualización y cédula de identidad (de la parlamentaria) fueron aportados erróneamente por el Ministerio Público en una solicitud de formalización" emanada el 31 de marzo; es decir, tres meses antes de que se dictara la señalada orden de arresto.

Advertida la equivocación, durante esta mañana el jefe de la Fiscalía Local de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, "tomó contacto telefónico con el magistrado de turno (...), indicando que existía un error en la cédula de identidad de la imputada".

"Atendido el mérito de los antecedentes", el juez de garantía anuló el procesamiento de Arce y la resolución que ordenó su arresto: "Despáchese la correspondiente contraorden, debiendo disponerse su inmediata libertad. Corríjase en sistema la cédula de identidad de la imputada MÓNICA TAMARA ARCE CASTRO", exhortó.

"¿QUÉ HUBIERA PASADO SI LE OCURRÍA A UNA PERSONA SIN AUTORIDAD?"

La diputada Arce se refirió al asunto mediante una declaración pública en la que explicó que el incidente la afectó cuando se aprestaba a viajar a México como parte de una delegación parlamentaria "que representa al país en la Alianza Pacífico".

"Lamentablemente no pude ingresar al avión debido a que en INTERPOL se me acusó -equivocadamente- de tener una orden de detención vigente por un hurto cometido en la ciudad de Pichilemu. La situación se debió por un error de digitación (...) del Poder Judicial", explicó Arce.

La legisladora enfatizó que "el Poder Judicial y los Juzgados de Policía Local no pueden darse la licencia de cometer este tipo de desprolijidades, ya que comprometen el bienestar, la honra y los derechos fundamentales de los ciudadanos". 

"En mi caso, al ser diputada y autoridad, actuaron rápido para corregir el 'error', pero yo me consulto: ¿qué hubiera pasado si esto le ocurría a una persona sin calidad de autoridad?", cuestionó, reflexionando que "un 'pequeño error' puede destruirle la vida a alguien".

CÁMARA ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES

Conocido el error de la Fiscalía, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, anunció acciones judiciales contra quienes resulten responsables del hecho, el cual definió como una infracción constitucional.

La corporación emitió un comunicado esta mañana, en el que asegura que "el hecho en sí es de gravedad, ya que por un error de los órganos jurisdiccionales se somete a una ciudadana, independiente de su condición de parlamentaria, a un agravio del todo innecesario".

De esta forma, adelanta que "la Cámara de Diputadas y Diputados hará valer todas las acciones necesarias para que este tipo de incidentes no se vuelvan a repetir y que ningún chileno o chilena se vea afectado por errores de las instituciones encargadas de impartir justicia".

"Nos preocupa y le hemos hecho saber a la mesa y vamos a tomar las acciones respectivas, porque tratándose de una persona con fuero constitucional hay una infracción abierta a la Constitución. Por lo tanto, vamos a ejercer las acciones judiciales contra todos los que resulten responsables, desde quien emitió la orden, desde quien cometió el error", puntualizó Landeros.