El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago le revocó el arresto domiciliario total al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y lo dejó sólo con arresto nocturno y arraigo nacional.
Fuente-Alba está formalizado por lavado de activos en la investigación por malversación de caudales públicos vinculados al mal uso de los gastos reservados del Ejército por más de 3.500 millones de pesos.
El cambio de medida cautelar se dio tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa del ex uniformado al que se opuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que consideró que el ex militar es un peligro para la seguridad de la sociedad.
El fiscal José Morales explicó que "esta es una investigación larga, que depende de una investigación principal que la administra la ministra (Romy) Rutherford, por lo tanto, para nosotros lo importante es que se aumente el plazo de investigación considerando que se requiere que se termine antes, en forma ideal, el otro proceso".
El persecutor añadió que "nos parece que además considerando que el señor Fuente-Alba tiene en la causa de justicia militar una medida cautelar que es incluso menor, que es solamente firma y arraigo, nos parece que era razonable en este caso, a efectos de poder aumentar el plazo de investigación que se rebajara la cautelar".
La defensa del ex comandante en jefe del Ejército aseguró que el arresto total era "innecesario y desproporcionado" e insistió en que su representado no cometió delitos.
"En esta sede, como en la justicia militar, no hay nada acreditado. Este es un tema que es bastante importante corregir, además es importante sostener que hay una discrepancia entre lo que en la justicia militar se dice que supuestamente se malversó, que lo negamos, y lo que supuestamente se lavó, que también lo negamos", señaló la defensa.
"Si allá (en la justicia militar) se dice que alguien se habría enriquecido por una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos, acá se dice que no superó ni los 600 millones de pesos", agregó.
En paralelo, el tribunal fijó una audiencia para el 10 de diciembre, con el fin discutir el aumento del plazo de investigación.
