La Corte de Apelaciones de Santiago dictó una orden de no innovar solicitada por el cuerpo médico de la Clínica Las Condes (CLC) contra la administración del recinto, acusada de impulsar cambios unilaterales en los contratos de arrendamiento.
La medida definida por la Octava Sala del tribunal de alzada significa que quedan suspendidos 559 términos de contratos de arriendo efectuados por el recinto a sus médicos, que se harían efectivos a partir de octubre.
No obstante, queda a la espera el pronunciamiento definitivo de la Corte respecto al recurso de protección presentado por los profesionales, por lo que los actuales contratos de arrendamiento seguirán vigentes y sólo para aquellos que no suscribieron el nuevo contrato.
La disputa entre más de 400 médicos y la administración apunta -según los primeros- a que la clínica está infringiendo "las garantías constitucionales", además de "violar los contratos actualmente vigentes", lo que constituye una vulneración de la ley.
"No se respetó ninguno de los requisitos expresos establecidos para notificar el término de contrato, como tampoco los plazos que se exigen al efecto", plantean.
Todo esto se da en medio de los cambios del modelo de negocio de la Clínica Las Condes, tras la llegada del grupo Auguri a la administración. Lo más cuestionado por parte del equipo médico son las condiciones de arrendamiento de consultas e infraestructura para los doctores que, según ellos, consideran incentivos económicos asociados al número de cirugías, lo que es catalogado como poco ético.
Colmed reaccionó
El Colegio Médico manifestó preocupación por la situación de los profesionales que han sido "víctimas de un trato inapropiado y arbitrario por parte del grupo controlador, al no respetar los contratos vigentes".
Además, hizo un llamado a la Clínica Las Condes a conformar una mesa de negociación con los médicos del recinto, para "definir un conjunto un nuevo vínculo, contemplando la visión del equipo".
"Esperamos que los inversionistas en iniciativas privadas de salud comprendan que éstas debe regirse por un estricto marco ético y técnico y, bajo ninguna circunstancia, pueden transformarse en un proyecto financiero", concluyó el gremio.
