La Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago acogieron una veintena de recursos de amparos presentados por internos de distintas unidades penales, en contra de las secretarías regionales ministeriales (seremis) de Justicia, por retrasos en la concesión de beneficios otorgados por las comisiones de reducción de condenas.
En diversos fallos, ambos tribunales determinan el actuar arbitrario e ilegal de las autoridades políticas al ordenar una nueva revisión de la concesión de beneficios, tras la asunción de nuevas autoridades, retrasando, en varios casos, la puesta en libertad de internos recluidos en recintos penitenciarios del país.
En el caso que llegó a la Corte Suprema los ministros de la Sala Penal Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Kunsemuller y Haroldo Brito, además del abogado integrante Jorge Lagos, acogieron el recurso de amparo presentado por un interno del Complejo Penitenciario de La Serena.
"Que, en esas condiciones, la revisión del mérito de la calificación de la conducta previamente efectuada por la comisión establecida en la Ley N° 19.856, por la vía de imponer la certificación del cumplimiento de los parámetros contemplados en el artículo 7 de la misma ley, constituye un exceso en las atribuciones conferidas por ésta a la Secretaría Regional Ministerial respectiva, desde que ello compete exclusivamente al organismo calificador", sostiene el fallo del máximo tribunal.
En el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal que en 20 fallos dictados por sus salas (nueve en la Duodécima Sala, tres en la Primera Sala, dos en la Segunda Sala, dos en la Séptima Sala, dos en la Quinta Sala, uno en la Segunda Sala y uno en la Tercera Sala), determinó el otorgamiento de beneficios a internos de unidades penales de la Región Metropolitana.