A poco más de tres meses de la puesta en marcha del instrumento, el 97 por ciento de los morosos son hombres.
La deuda acumulada supera los 55 mil millones de pesos, el doble de lo informado en enero.
En poco más de tres meses de funcionamiento, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos llegó a 39.249 personas inscritas, más del doble de la cifra informada en enero.
De estos, 38.083 son hombres, es decir, el 97 por ciento; y 1.165, mujeres, apenas el 3 por ciento, de acuerdo con La Tercera.
El balance pone de relieve "la necesidad que tenía el país de regular lo que ocurre cuando se incumple de manera reiterada con la obligación de entregar los recursos para el desarrollo óptimo de los niños, niñas y adolescentes", sostuvo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, en el matutino.
Recalcó asimismo que esta realidad impacta "en la vida de la mayoría de quienes llevan el cuidado de los niños, niñas y adolescentes en forma solitaria, que son por abrumadora mayoría mujeres".
Entre todos los inscritos en el registro, la deuda acumula más de 55 mil millones de pesos, cerca de dos veces del reporte de enero.
"Llamamos a seguir formalizando la deuda de pensiones de alimentos ante Tribunales de Familia para que así se pueda optar al recurso de apremio que entrega el Registro de Deudores, pero también, a partir de mayo, del mecanismo de pago efectivo de pensión de alimentos que logramos hacer ley", dijo la ministra.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, consideró a modo de balance que el registro "hasta ahora ha funcionado relativamente bien, ha habido un gran desafío de diseño e implementación y es un registro que se tiene que seguir monitoreando. Ha requerido un esfuerzo cooperativo del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Mujer y también del Poder Judicial, que la Corte Suprema en particular se comprometió mucho en el desarrollo".
Para ingresar al Registro debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes. Los alimentarios deben solicitar al Tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si éste tiene una deuda de tres meses continuos y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizada la liquidación, el Tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que éste inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores.
Este mecanismo es un sistema electrónico remoto, gratuito e inmediato, y puede ser consultado por cualquier persona o institución que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.
Dentro de las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran la retención de las devoluciones de impuestos en la Operación Renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas.
Además, en mayo entrará en vigor la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, que permitirá acceder a las cuentas bancarias de los deudores y, como último recursos, a sus ahorros previsionales.
Nicole Ortiz, abogada especialista en familia, opinó que "la cifra (de deudores) actualmente es baja, porque faltan muchas personas por ingresar. Creo que estos son los deudores potenciales, los típicos, el registro histórico, los que nunca han pagado".
Sin embargo, "todos los que en estos momentos están adeudando, es más complejo porque los tribunales se están demorando casi dos meses en hacer liquidaciones de deudas", agregó.
"Todavía los tribunales no están funcionando al cien por ciento y yo creo que a los seis meses de esta ley, por ahí ya en mayo, vamos a estar viendo realmente cuántos deudores existen".
El gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), Luis Opazo, explicó que desde el 18 de noviembre de 2022 se estableció que "en todos los créditos iguales o superiores a 50 UF, las instituciones crediticias deben consultar si el solicitante de un crédito está o no en el Registro en calidad de deudor".
"En dicho caso, el oferente debe retener hasta el 50% del credito. Entonces, para tales fines, las instituciones crediticias consultan al Registro Civil, a través del Registro Nacional de Deudores, si los clientes deben o no deben pensiones alimenticias", detalló.
